ALGÚN BUEN amigo de Fraga tendría que decirle que esta vez su Xunta se ha pasado. La Administración gallega guardó un sepulcral silencio cuando el Gobierno de Aznar privatizó y extendió hasta mediados de siglo el peaje en la Autopista del Atlántico. Durante los ocho años de Gobierno del PP en Madrid, la Xunta sólo arañó la gratuidad del último tramo a Ferrol de la AP-9 y de la circunvalación de Vigo, en contrapartida por el retraso de la construcción de los dos extremos de una autopista que comenzó a trazarse hace treinta años. Puede la Xunta de Fraga echarle la culpa a la ministra de Fomento de lo que quiera. A sabiendas, claro está, de que con ejercicios de filibusterismo en torno a la AP-9 lo único que puede conseguir es perder la credibilidad en sus demandas.