PRUEBA EVIDENTE de lo mucho que ha cambiado este país que la Guardia Civil de carreteras esté en huelga, una «huelga de multas» o de «bolis caídos» más o menos disimulada o encubierta pero huelga al fin y al cabo. Y lo es también que entre las mejoras perseguidas figure la de desvincular al Cuerpo del Ministerio de Defensa y, sobre todo, del Código Penal Militar, que todavía permite imponer a los agentes penas privativas de libertad no por la comisión de delitos, sino de simples faltas disciplinarias. Un Cuerpo militarizado que acude a la huelga para dejar de serlo constituye ejemplo excepcional de un cambio social y político espectacular. La argumentación que, para proporcionar aceptabilidad a la huelga, realiza la Asociación Unificada de Guardias Civiles -a la que ya se llama «protosindicato» del Cuerpo- es imaginativa: se trata -dicen- de primar la labor preventiva de los agentes sobre la imposición de multas, que debe dejarse como última ratio y sólo para los casos más graves. Con ello, al tiempo que revisten su actitud de cierta altura constructiva, consiguen su objetivo de presión en busca de mejoras laborales, aparte de la pretendida desmilitarización. Y, además, golpean donde más duele, esto es, en el montante de la recaudación sancionadora. Sin embargo, ese argumento encierra el riesgo de que, si se acepta y no se quiere perder la coherencia, ya no se podrá volver atrás. Si es razonable para hoy, lo será también para el futuro, de manera que, a partir de ahora, en vez de multar sistemática y automáticamente, los agentes deberían explicarnos lo que hemos hecho mal y actuar siempre de forma preventiva, imponiendo sanciones sólo en contadas ocasiones por graves infracciones. Claro que se puede suponer lo que pensará Hacienda de tanta coherencia.