CONTRARIAMENTE a lo que se cree, el fundamentalismo, como movimiento sociocultural y como término ideológico, fue formulado en EE. UU. a comienzos del siglo XX. Concebido como respuesta al liberalismo social, su objetivo consiste en instaurar una «mayoría» con fines políticos, tanto nacionales como internacionales, a través de la tradición de la religión civil estadounidense. Pues bien, el caso de Terri Schiavo ilustra como pocos no sólo la regresión cultural que sufre el discurso político de los actuales dirigentes norteamericanos, sino el trasfondo común que ese discurso mantiene con el fundamentalismo. La decisión de Bush y sus secuaces de negar a Terri una muerte digna responde exclusivamente al interés de una minoría extremista y ultraconservadora dispuesta a imponer sus creencias al conjunto de la sociedad en detrimento de la libertad y autodeterminación de las personas. La decisión de los Tribunales de Florida no hace sino consagrar una práctica habitual en EE. UU. desde hace años, y está más próxima al rechazo del ensañamiento terapéutico -doctrina que dice compartir la mismísima Iglesia Católica- que de la eutanasia, problema que, por otra parte, es necesario y urgente abordar en todos los países desarrollados. Sin embargo, una vez más, el debate se ha distorsionado porque las nebulosas neoconservadoras controlan el poder ideológico, y éste es tal, y sus canales tan numerosos, que su visión, incluso cuando es rechazada, estructura el pensamiento, impregna las mentes más abiertas y determina la conciencia colectiva. Pero la iniciativa de Bush no sólo tiene implicaciones en el plano moral, sino que, al pasarse por el arco del triúnfo doscientos años de jurisprudencia y la división de poderes, sienta un precedente cuyas consecuencias políticas son imprevisibles. Resulta desalentador tener que recordarle a un país, que a menudo se nos presenta como modelo de democracia, que ningún gobierno democrático pueda imponer su proyecto político, por muy amplio que sea su respaldo electoral, ignorando o violentando los procedimientos, instituciones y garantías contempladas en la Constitución, que son la base de la división de poderes y del Estado de Derecho. Pero semejantes sutilezas jurídicas, aunque en ellas resida precisamente el funcionamiento de la democracia, no parecen impresionar a Bush y a su entorno, dispuestos a cumplir a cualquier precio la misión divina para la que se consideran elegidos. Sorprende, sin embargo, que un sector del Partido Demócrata se pliegue, por oportunismo político, al delirante proyecto neoconservador y eleve a categoría de norma aquello que sólo cuatro años atrás le hubiese irritado profundamente. A esa corriente demócrata, en la que se sitúan Hillary Clinton y John Kerry, conviene recordarle la reflexión que Goethe realizó en 1787 en su ifigenia en Táuride al afirmar que «el mejor de los hombres termina por acostumbrarse a la crueldad y acaba haciendo ley de aquello que aborrece». En todo caso, no parece que los europeos debamos mirar demasiado a EE. UU. a la hora de decidir nuestro proyecto colectivo de convivencia.