NUESTROS ayuntamientos se ahogan. El reciente acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de atribuirles 120 millones de euros en compensación por la supresión hace tres años del IAE no constituye ninguna aportación nueva, sino simplemente la corrección de un error de cálculo de lo debido, entonces efectuado. No supone ni atisbo de un remedio definitivo, ya que siguen sin fijarse los mecanismos sustitutorios de aquel sustancioso ingreso perdido. El Pacto Local pretendía ajustar la gestión del gasto público entre los tres niveles de Administración territorial, tratando de lograr para los ayuntamientos un 20 por ciento de aquella. Pero no se ha logrado: hoy en día no les corresponde más allá de un 13 por ciento del total. Y los ayuntamientos han de afrontar también el gasto de nuevas competencias, las llamadas «impropias», como el medio ambiente, por ejemplo, que no vienen acompañadas de financiación. Tampoco las comunidades autónomas han sido generosas. Ni les transfieren competencias ni menos acompañada financiación. Prefieren la vías de la subvención, que genera inevitable tutela, o de la subrogación en los servicios que aquellos no pueden prestar. En vez de nutrirlos, se les sustituye. La reducción de ayuntamientos, que generaría entidades capaces y eficaces, se aplaza eternamente. Así, la cuestión local perdura en su lamentable papel de objeto de lucha política. La Administración central quiere mantener su carácter bifronte, porque en otro caso «perdería poder», en tanto que muchas comunidades autónomas aspiran a «interiorizar» el régimen local con competencias exclusivas y excluyentes. Esto último parece más coherente. Pero también requiere en su aplicación altura de miras y generosidad democrática.