EL CÓMICO desarrollo del debate sobre la utilización en el Congreso de las lenguas regionales es un ejemplo químicamente puro de cómo puede crearse un problema donde antes no existía. Decir antes, subrayémoslo, es decir a lo largo de los veintisiete años transcurridos entre 1977 y 2004. Durante ese dilatadísimo período nadie puso en duda seriamente una práctica lingüística que, por obvia, ni siquiera estaba reglamentariamente regulada: la de que, habiendo en España una lengua común, el castellano, en la que todos los diputados pueden entenderse sin necesidad de recurrir a traducir lo que dice cada uno, esa lengua debería ser la de la Cámara. Pero en esto llegaron los aguerridos diputados de Carod e hicieron un tímido amago destinado a comprobar si se abría un hueco por donde colar su infantería. Y el presidente del Congreso, ingenuo como un niño, se lo abrió. No imaginó entonces, al parecer, Manuel Marín, lo que sabíamos los que contemplamos, atónitos, su candorosa decisión: que lejos de haber resuelto un problema preexistente, el presidente había abierto en realidad la caja de los truenos. Sí, el presidente daba de buenas a primeras carta de naturaleza a un desafío que se habría quedado en agua de borrajas si Marín hubiera hecho lo que era de esperar: reafirmar el principio que, apenas sin disputas, habían aceptado hasta entonces las docenas de diputados nacionalistas que habían pasado por las Cortes: entre otros muchos, los de CiU, los del PNV o los Bloque. Pero, claro, una vez la brecha abierta, lo que ha venido después resultaba previsible: por un lado, el PSOE se ha visto obligado a hacer de la necesidad virtud y a convertir una cesión que, de tener mayoría, ni se le hubiera pasado por las mientes, en una consecuencia de esa España plural que lo mismo sirve para un descosido que sirve para un roto; por el otro, los restantes nacionalistas, que hasta le fecha habían aceptado una realidad que resulta de pura sensatez, se han apresurado a darse de codazos unos con los otros para ver quien se coloca por delante a la hora de exigir lo que nunca hubieran planteado de verdad de no habérseles indicado que es magnífico lo que incluso ellos consideraban poco razonable. ¿El siguiente paso? Lo verán: la presión nacionalista acabará dando lugar, antes o después, a que los diputados no nacionalistas de Galicia, el País Vasco y Cataluña utilicen también las lenguas regionales si no quieren ser tachados de enemigos de la patria. Y así, inopinadamente, un día quizá lograremos no tener una lengua común en que entendernos. Vamos, ser como Suiza, pero sin su limpieza, la calidad de su chocolate y la puntualidad de sus relojes.