LA PROFUNDA crisis del municipalismo gallego se nutre, reproduce y explica, en gran medida, a través de su financiación. Los presupuestos de los municipios gallegos son todos los años (en cifras medias por estrato de población), los más raquíticos de todos los municipios españoles, verificándose además la presencia de ingresos muy desiguales y opacos entre los propios municipios gallegos. Esta circunstancia daña seriamente la autonomía política de la institución e imposibilita la modernización del país. Los ingresos por tributos propios, así como las transferencias y subvenciones, explican prácticamente el presupuesto. Conocer y superar esta minusvalía financiera exige analizar, con rigor y transparencia, ambos ingresos. Si esto no se hace, como parece ser el caso, aumenta la ignorancia y la angustia municipal. Por eso lamentamos que el Proyecto de Ley de Administración Local de Galicia, ahora en trámite parlamentario, no ofrezca soluciones al respecto. En efecto, los ingresos medios por habitante procedentes de tributos propios en municipios gallegos de población similar, inferiores a 50.000 habitantes (98% del total), no alcanzan la mitad de las cifras medias españolas. Este distinto esfuerzo fiscal se registra también entre municipios gallegos de población similar. Así, en Arteixo y Culleredo se paga el doble de impuestos (expresados en euros per cápita) que en Cangas y Lalín. En O Grove se paga tres veces más que en Tomiño y en Ortigueira cuatro veces más que en Valga. Los ejemplos podrían multiplicarse. Las causas que motivan esta situación son diversas, no siendo la menor el volumen desigual de ingresos obtenidos por subvenciones y convenios. Porque estos ingresos no son transparentes y porque además pueden multiplicar por tres y hasta por cinco el presupuesto de los municipios menos afortunados si reciben las subvenciones per cápita de los más beneficiados. Por eso decimos que sin abordar en serio esta patología estructural, asociada al control y a la reproducción política, cualquier reforma municipal es asunto menor o pura filfa. ¿Qué dice el Proyecto de Ley de Administración Local de Galicia sobre las subvenciones y convenios, sobre su transparencia o sobre la ansiada ley gallega de haciendas locales? Pues de los convenios no sólo dice nada, sino que elimina incluso su ya débil regulación en la ley vigente. Tampoco desarrolla la ley general de subvenciones, norma no pensada para el mundo local. Se ignora el registro público, así como la obligación legal de informar periódicamente al Parlamento sobre cuantías y distribución de subvenciones y convenios. Se aplaza sine die la ley gallega de haciendas locales. O sea, que seguimos tan torpes y antiguos como siempre.