A FINALES de septiembre, durante la guerra entre boinas y birretes, López Veiga se adelantó a Maragall con la misma perspicacia con la que Brañas se adelantó a de Prat de la Riba. Sin caer en la prosa del 3%, pero con una claridad comparable a la del presidente de la Generalitat, nuestro conselleiro de Pesca proclamó a los cuatro vientos que algunos miembros de su partido habían experimentado un enriquecimiento paralelo a su actividad política, y que por eso ejercían sus opciones de partido con ciertos temores y condicionamientos. Igual que hizo Maragall, también López Veiga acabó su semana asegurando que se trataba de una reflexión genérica y sin destinatario personal concreto. Pero, en esta comparación entre Galicia y Cataluña, ningún ciudadano dejó de ponerle nombre y apellidos a las acusaciones destapadas por políticos profesionales y con larga experiencia política. La teoría del calentón, usada por Maragall y López Veiga, no convenció a nadie, y todos tuvimos la sensación de que, cualquiera que sea el destino final de tan expresas acusaciones, en ambos casos se estaban refiriendo a hechos incontestables. Lo curioso es que las consecuencias derivadas de idénticos hechos fueron totalmente diferentes. Lo que aquí fue visto como una verbena mediática tercermundista y pasajera, se convirtió en Cataluña en un problema de Estado. Lo que en Barcelona hizo salir a la palestra a Jordi Pujol, dejó a Fraga totalmente indiferente. Lo que para el PP catalán supone la quiebra moral del tripartito y exige la dimisión de Maragall es para el PP de Galicia una trifulca interna sin ninguna transcendencia. Y lo que la sociedad catalana contempla como una crisis global de la Autonomía, que perjudica seriamente los intereses y la imagen de Cataluña, constituye entre nosotros una pura anécdota, pasto de chismes y cuchufletas. La teoría de que la diferencia entre el Caurel y el Carmel reside en el pueblo es poco convincente, ya que los gallegos, cuando lo creemos conveniente, no necesitamos especiales argumentos para despachar a un político. Tampoco puede decirse que la prensa catalana haya dado un ejemplo de sensibilidad crítica al servicio de la verdad. Por eso hay que buscar la diferencia en un detallito institucional que no puede pasar desapercibido. Lo que distingue al Caurel del Carmel es el papel del fiscal, que, mientras en Cataluña actuó de oficio, como un catalizador del control democrático, en Galicia fue a remolque, más preocupado por desactivar la denuncia de la CIG que por generar la catarsis democrática de un problema que huele hasta Dinamarca. ¿Y eso qué significa? Pues nada: que a perro flaco todo se le vuelven pulgas.