LEÍA de manera rutinaria unas recientes declaraciones del presidente de la Xunta relativas al retraso de las obras incluidas en el Plan Galicia de infraestructuras, cuando una frase retuvo mi atención; decía: «El Gobierno mete a Galicia en el patio de atrás en beneficio de otros. Y todos sabemos por qué». Varias pueden ser las razones que den respuesta a ese por qué. Pudiera pensarse que en la percepción del territorio español desde el poder central dominase la visión de la franja mediterránea como el gran eje del desarrollo español y como contrapunto Galicia, separada del eje atlántico que podía ser la alternativa marítima occidental, se considerase como el patio de atrás de un edificio que mira a levante. Pudiera ser, pero no creo que este fuera el sentido. Creo que más bien se refería a una visión territorial del poder político. Efectivamente, en un sistema en el cual el gobierno en minoría va adquiriendo visos de normalidad, la búsqueda de la mayoría estable o coyuntural implica la puesta en valor de los partidos minoritarios. Y como la mayoría de ellos están constituidos sobre la base de la identidad territorial de los pueblos, es decir, sobre las diferentes regiones o nacionalidades que componen el mapa del Estado español según la Constitución vigente, los partidos de corte territorial se revalorizan. Se combina así la formación de grandes partidos estatales basados en las diferentes ideologías políticas y sociales, y los partidos regionalistas o nacionalistas. Y estos partidos exigen a cambio una contribución especial a sus territorios, justificando una buena parte de su razón de ser ante el electorado. Un juego de difícil equilibrio pero con el que debemos contar en un Estado plurinacional como el español. Y por eso, por la necesidad del pacto, el Gobierno prima a esos partidos y mete a los territorios sin peso o representación política directa en el patio de atrás. Cabe una tercera interpretación: la afinidad política. Cuando el partido que gobierna en una región o nacionalidad no coincide con el que detenta la mayoría en el Estado, esa región queda postergada a favor de las más afines. Una interpretación menos justificable que las anteriores porque, de darse, significaría admitir que las instituciones estarían al servicio de los intereses del partido político, lo cual constituye una manera clientelar y poco equitativa de ejercer la gobernabilidad. No cabe duda que la orientación del voto debe tener su consideración particular, pero nunca excluyente. En todo caso, de ser admitida significaría que la solución estaría en el voto útil, es decir votar en cada caso a la formación que tenga el poder, lo cual en sí mismo vendría a significar una carga de profundidad para la misma esencia del sistema democrático. Por eso me inclino a pensar que se refería más bien a la segunda opción. Y buscando una salida democrática y ética a nuestra supuesta marginación política, sólo se me ocurren dos soluciones. La primera es propiciar la formación de un partido regional cita o nacionalista abierto a un espectro social mayoritario, porque sólo así se podrían tener los votos necesarios para alcanzar el peso deseado. Lógicamente un partido nacionalista sesgado hacia una opción radical, como en Galicia ocurre, es difícil que pueda desempeñar ese papel a no ser que se desprenda del lastre de la radicalidad. Otra solución sería que las organizaciones regionales de los partidos estatales tuvieran autonomía política suficiente cono para imponer sus condiciones como en Cataluña ocurre. Pero en Galicia las divisiones regionales de los partidos estatales funcionan como apéndices territoriales sin entidad propia y sometidos a las directrices centrales. Por eso, mientras las cosas sigan así, y me parece que van a seguir por bastante tiempo, mucho me temo que Fraga tenga razón: el Gobierno seguirá metiendo a Galicia en el patio de atrás en beneficio de otros. Y, efectivamente, todos sabemos por qué.