EXISTE la percepción social generalizada de que en las próximas elecciones autonómicas, por primera vez desde 1989 -año del desembarco de Fraga en la política gallega-, asistiremos a una auténtica disputa democrática por el poder político en Galicia. A diferencia de lo ocurrido en todos los comicios anteriores, en los que se conocía de antemano el ganador, el resultado de las elecciones del próximo mes de octubre es incierto. Varios factores coincidentes en el tiempo avalan tal perspectiva: el agotamiento y la división del PP, el declive de la figura política de Fraga, el avance electoral de la oposición y la existencia de una alternativa estructurada en torno al PSdeG, partido que en las últimas consultas se ha convertido en la primera fuerza política de la Galicia urbana y ha consolidado su hegemonía en el campo de la izquierda. Es también la primera vez que la dirección estatal del PSOE emite señales inequívocas de que está dispuesta a poner toda la carne en el asador para conseguir la Presidencia de la Xunta. Zapatero parece haber comprendido el alto valor político y simbólico que tendría una victoria socialista en Galicia, si se considera que, además de extender territorialmente la hegemonía socialista, le permitiría propinar un golpe demoledor a Rajoy y a sus aspiraciones de recuperar el Gobierno a corto plazo. Cabe aún destacar, finalmente, el hecho novedoso de que un candidato socialista a la Presidencia de la Xunta haya recibido un apoyo inequívoco de la dirección de su partido, incluido el respaldo personal y el compromiso público de quien es a la vez secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Es, desde luego, lo que se espera de un partido serio que respeta a sus afiliados y electores. Aunque, con motivo de la inflación ministerial que hemos vivido estos días en Galicia, no está de más recordar que, a la hora de implementar ese apoyo, Zapatero y Touriño no pueden confundir y mezclar partido y Estado, y deben tener muy presente que las instituciones públicas no son patrimonio del partido gobernante y, por tanto, no pueden ser utilizadas al servicio de ninguna causa particular o partidista. Así las cosas, sólo la incapacidad mostrada hasta ahora por socialistas y nacionalistas para garantizar la estabilidad, eficacia y coherencia de un gobierno alternativo impide el derrumbe definitivo del PP. Es cierto que el partido conservador, pese a su actual estado de postración, mantiene una fuerte implantación social; es cierto también que utiliza en su beneficio, con ostensible falta de ética y con carencia absoluta de escrúpulos, la instituciones, los medios de comunicación públicos y un presupuesto anual de 9.000 millones de euros, pero es, sobre todo, la ausencia de una alternativa de gobierno fiable y segura lo que todavía lo mantiene en pie. Por eso el resultado de las próximas elecciones es incierto. Por eso el cambio es posible, pero no está asegurado. Por eso, utilizando el argot futbolístico, hay partido.