LA RAZÓN democrática dice que la ordenación del territorio, las infraestructuras básicas o el diseño de la administración local deberían ser fruto de acuerdos sustantivos entre fuerzas políticas con presencia parlamentaria, previa consulta a instituciones y organizaciones sociales representativas. Aplicar este método para decidir problemas básicos parece de sentido común, ya que refuerza su cumplimiento, evita las incertidumbres de la alternancia política, jerarquiza la asignación de los recursos públicos y exige además rendir cuentas. Pero estas cosas no suceden en Galicia. Aquí domina la ocurrencia, el olvido, la descoordinación o la decisión unilateral. El mapa municipal es bruma eterna y se evita también cualquier análisis riguroso sobre el destino y eficacia de los fondos europeos y de solidaridad. El Plan Galicia fue un desespero apresurado y simbólico parido en tiempos difíciles para insuflar oxígeno. Un Plan que se transforma después en arma arrojadiza de lucha partidaria alimentado hasta hoy. Exigiendo unos lo que parece oportuno y respondiendo otros lo que estiman conveniente. Un espectáculo poco edificante. Exigir infraestructuras y servicios básicos sin negociar prioridades ni rendir cuentas, es tarea harto difícil, puesto que ello debilita al demandante y confunde al ciudadano. Mencionaremos algún ejemplo ilustrativo. Así, demandar infraestructuras diversas y al alimón, observando con lupa inmisericorde hasta el último euro presupuestario, casa mal con la indiferencia mostrada y soportada cuando se privatiza la autopista del Atlántico o cuando se aprueba la autopista Santiago-Ourense. En el primer caso, el silencio fue clamoroso, pese a que la privatización condena a los gallegos a pagar peaje en autopista amortizada (2023) hasta el año 2048. En el segundo, la situación es lamentable. La carretera mencionada es de titularidad estatal y la obligación de construir la autovía también. Pero de nuevo la autoridad competente no exige, sino calla y paga cantidades relevantes a fondo perdido, crea una empresa pública para su gestión y tolera además un peaje que penaliza a los ciudadanos con menores rentas. Son antecedentes que dificultan ahora cualquier reclamación a ceño fruncido. La catástrofe del Prestige enseñó a todos muchas cosas. Adquirimos conciencia de nuestras debilidades e improvisaciones, verificamos la talla de nuestros gobernantes, admiramos el coraje de la gente del mar y nos apabulló otra vez la fuerza solidaria de una juventud sin fronteras. Pero en la esfera política falta todavía grandeza. Para negociar lo sustantivo, para reconocer errores y para rendir cuentas. Seguir lanzándose trastos a la cabeza es torpeza evidente. Y también una pena.