EN EL CONTEXTO de un mundo groseramente autoritario, que valora la seguridad por encima de la libertad, la cultura democrática española está experimentando un retroceso alarmante. Algunas cuestiones como la ausencia de mandato imperativo, el valor de la legitimidad formal, la presunción de inocencia y el pleno respeto a la libertad de expresión, están de capa caída. Y todo parece supeditado a una lucha contra el terror que está sirviendo para causas poco confesables. Entre las quiebras llamativas de la cultura democrática está el respeto al Estado de derecho, que muchos políticos y ciudadanos manejan a su antojo con un desparpajo preocupante. La aplicación de la ley tiene momentos muy duros, ya que tanto sirve para castigar al delincuente como para frenar los movimientos de venganza propios de la falsa justicia populista. Y por eso es una mala noticia la tremenda normalidad con la que se invocan las convicciones morales para atentar contra el principio de igualdad legal. Si se traga con la excarcelación del ex general Galindo, que gana su libertad a base de triquiñuelas consentidas por los jueces, se pierde autoridad moral para exigir que el etarra De Juana siga en la cárcel después de cumplir su castigo en la forma que la ley le impuso. Y si los grandes partidos hacen concesiones diarias al populismo, que considera un escándalo una excarcelación legal, y busca atajos jurídicos para evitarla, difícilmente van a lograr que los ciudadanos acepten la ley como ultima ratio de la convivencia democrática. Tampoco andamos finos cuando, tratando de combatir a Ibarretxe, aplaudimos a las autoridades alavesas que adelantan decisiones ilegales, cuya inconstitucionalidad no está matizada por el carácter de proposición de ley que tiene el plan del lendakari. ¿Cómo se puede separar Álava de Euskadi sin pasar por el Parlamento vasco y el Congreso de los Diputados y sin refrendar la decisión en Vizcaya y Guipúzcoa? ¿Cuándo vamos a dejar de apagar el fuego con gasolina? También es impresentable lo que el ministro Bono empieza a convertir en habitual: usar al Rey y al Ejército como telón de fondo de un discurso que, por muy mayoritario que sea, no deja de ser una visión partidaria del actual momento constitucional. La Constitución no puede tener más estabilidad que la que nace de las mayorías, y muy peligroso sería que los generales se acabasen aficionando a hacer distingos entre lo que le gusta a Bono y lo que piensa Ibarretxe. La ley es dura, pero es ley. Y tan perverso resulta que un policía haga de juez como que un juez haga de policía. Si la democracia no es limpia, no es nada. Y algunos cauces de España empiezan a verse muy turbios.