JOSÉ RAMÓN Prado Bugallo, un veterano narcotraficante gallego, de Cambados para más señas, fue detenido en un chalé de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón el 19 de enero de 1991 como presunto responsable de una organización internacional de narcotraficantes que había introducido ilegalmente a través de las costas gallegas un alijo de unas 2,5 toneladas de cocaína. Tres años y medio más tarde era condenado a 20 años de cárcel. A finales del año 1997, nada más cumplir una tercera parte de la condena, salió a la calle con la libertad provisional, previo disfrute de los correspondientes periodos de vacaciones y fines de semana. Casi nadie se escandalizó. Era algo que ocurría a diario antes de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal del año 1995. Juan Ignacio de Juana Chaos, un terrorista sanguinario que fue condenado a 3.000 años de cárcel como autor de 25 asesinatos, saldrá a la calle en las próximas semanas después de haber cumplido 18 años de prisión efectiva. Cuando alguien se percató del detalle, más de uno puso el grito en el cielo. Y todo porque se ha cumplido la legalidad vigente. Son las servidumbres de ese Estado de Derecho del que se vanaglorian algunos de los que ahora se rasgan las vestiduras.