LOS PRESUPUESTOS de la Xunta para 2005 hay que analizarlos más desde la clave política que de la económica. En realidad esto es siempre así, ya que en ellos se materializa la política económica de los gobiernos. Pero en este caso más que nunca, porque se trata del último presupuesto del actual Gobierno antes de las elecciones autonómicas, y eso tiene dos consecuencias. La primera es que es la ultima oportunidad de satisfacer a los ciudadanos y conseguir con ello un mayor apoyo electoral. Y la segunda es que de los posibles excesos o desequilibrios que pueda provocar este presupuesto se tendrá que responsabilizar un gobierno diferente. Y, casi siempre, en esta situación de cambio de ciclo electoral, los gobiernos caen en la tentación de realizar una política presupuestaria expansiva, con un fuerte incremento del gasto y sin preocuparse mucho de cómo se van a financiar los excesos. Dicho claramente, las cuentas publicas de los años electorales suelen realizarse desde la irresponsabilidad. Y esto es lo que ha hecho el PP en Galicia. El Gobierno de Fraga abandona los principios en los que basó su política económica. El presupuesto de 2005 supone la ruptura total con la ortodoxia neoliberal que inspiró su práctica presupuestaria: la reducción del gasto público, el equilibrio en las cuentas y la estabilidad presupuestaria. Y lo hace tanto en la previsión de los ingresos como en los gastos. Para poder financiar un incremento del gasto del 11,4%, la Xunta fuerza la maquinaria de los ingresos apoyándose en tres instrumentos que rechazaba. En primer lugar rompe con la retórica de la reducción de impuestos y prevé un aumento de la presión fiscal al estimar que los ingresos tributarios crecerán por encima del crecimiento nominal de la economía. En segundo lugar, abandona los criterios de prudencia y realiza unas previsiones poco creíbles sobre el crecimiento de los ingresos corrientes, con un aumento del 9%, muy por encima de los alcanzados en ejercicios en los que no hay transferencia de nuevas competencias, como es el 2005 y además en un escenario de bajo crecimiento. Y por último, rompe con el principio sagrado de la era Aznar, la estabilidad presupuestaria y el déficit cero. Para financiar su maquinaria de gastar en año electoral, la Xunta no duda en gastar más de lo que ingresa generando un déficit neto de 129 millones de euros. Más presión fiscal, más endeudamiento y una previsión poco creíble de aumento de los ingresos corrientes, que de no cumplirse supondrá un déficit aún mayor, es la síntesis de la irresponsabilidad en la estimación de ingresos de los presupuestos de 2005. ¿Y todo esto para qué? Si la respuesta fuese que estos recursos son para financiar un proceso de capitalización de la economía productiva del país, nada tendríamos que decir, al menos los que defendemos la participación activa de lo público en la economía. Pero por desgracia, no es así. El presupuesto de 2005 también tiene en el capitulo de los gastos una marcada tendencia electoral. La Xunta gasta más que nunca, e incluso va a disponer del mayor nivel de inversión de los últimos ejercicios. El problema está en que la cuantiosa inversión prevista para 2005 no se concreta en proyectos que estructuren el país. En el análisis en detalle del destino de la inversión es difícil encontrar los proyectos que por su envergadura sirvan para articular el territorio, potenciar la actividad productiva o mejorar la capacidad competitiva del país. Al contrario, el presupuesto de inversión se distribuye en cantidad de pequeñas actuaciones que sirven para dar respuesta a necesidades de ámbito local, pero que no son la respuesta a las necesidades globales del país. Con esta distribución del presupuesto en un elevado número de proyectos a lo largo de toda Galicia se busca la rentabilidad inmediata en forma de beneficio electoral, aunque el coste sea la renuncia a los proyectos globales.