LA IGUALDAD de los ciudadanos ante la ley es un principio que caracteriza a una verdadera democracia. En sentido contrario, cuando este principio es violado sistemáticamente por el poder; cuando la discrecionalidad sustituye a la legalidad y la seguridad jurídica sucumbe ante las embestidas de la arbitrariedad, nadie identifica semejante estado de cosas con una democracia. Sin embargo, todo ello es moneda corriente en la política internacional que practican las grandes democracias. La discrecionalidad, la arbitrariedad y la utilización de diferentes varas de medir es el pan nuestro de cada día en las relaciones internacionales. Son la inevitable consecuencia de la visión antropológica -muy de moda en Washington- que presupone que las relaciones entre las naciones se basan en la fuerza y no en el derecho. Algunos ejemplos servirán para ilustrar bien, creo, la irritante vigencia de la ley del embudo en la política internacional. EE. UU. se niega a someterse a los mecanismos de control previstos en la Convención sobre prohibición de armas químicas y biológicas, llegando incluso a pedir la disolución de la comisión encargada de elaborar dichos mecanismos de control. ¡Y en nombre de unas normas que no suscribe ha justificado su intervención contra Irak, acusado de poseer esas armas! Al parecer, las normas son buenas siempre y cuando se apliquen a los demás y no a uno mismo. Más doloroso es todo lo que rodea al conflicto palestino-israelí. Pese a la desigual correlación de fuerzas y a la escandalosa asimetría de poder que preside el conflicto, a los palestinos se les exige el escrupuloso cumplimiento de todas las decisiones internacionales, mientras los gobiernos de Israel, con el apoyo incondicional de EE. UU., se han pasado por el arco del triunfo todas las resoluciones de la ONU desde 1948. Y qué decir de las actitudes que los adalides de la democracia mantienen con los regímenes autoritarios. Según parece, en esta materia sigue vigente la doctrina atribuida al presidente Carter cuando, refiriéndose al sanguinario dictador nicaragüense, sentenció: «Anastasio Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra». El caso de Libia es muy ilustrativo. Gadafi pasó de ser considerado la encarnación de todos los males a ser recibido y visitado como hombre de Estado por todos los líderes democráticos del mundo, incluido el ex presidente Aznar. Vivir para ver. Tampoco se mide por el mismo rasero a los dirigentes de países democráticos. El trato suele depender del grado de sumisión que el dirigente en cuestión muestre hacia los grandes poderes políticos y económicos. Es el caso de Chávez, al que se caricaturiza y se considera autoritario. Pero si Chávez es un personaje extravagante, ¿qué es Berlusconi? Sin embargo, al dirigente venezolano se le anatemiza y ridiculiza, mientras al italiano se le ríen las gracias y se le considera un demócrata sin tacha. Sin embargo, ¿se atrevería alguien a realizar un estudio comparativo riguroso sobre el pluralismo informativo existente en Venezuela e Italia, dónde Berlusconi dirige las televisiones públicas y es propietario de la privadas? Decididamente, en las grandes democracias no existe correspondencia alguna entre sus valores constituyentes y los que defienden más allá de sus fronteras. La pérdida de autoridad moral y el caos que atenaza al planeta son el alto precio que pagamos por semejante esquizofrenia.