SÓLO SUPERANDO la repulsión visceral que supone ver a Batasuna proponiendo un acuerdo en el que tendrían que recogerse ¡los derechos reconocidos en la Declaración de la ONU y en su pacto de derechos civiles y políticos! cabe acercarse a las palabras pronunciadas por Otegi hace tres días. Y es que oír hablar de derechos humanos a quien lleva muchos años justificando en democracia el asesinato de sus adversarios políticos es mucho más de lo que cualquier ciudadano decente debería estar obligado a soportar. Pero sea. ¿Qué ha dicho Otegi, al fin y al cabo, en su discurso del domingo? Pues que si todos los partidos se avienen a negociar sobre lo que ETA lleva casi medio siglo proclamando a punta de pistola que hay que negociar, cabría que ETA abandonase el terrorismo, previo acuerdo sobre el destino de los llamados refugiados (los prófugos de la justicia) y de los presos. ¿Es esto algo distinto a lo de siempre? No, en lo sustancial: y lo sustancial es la afirmación de Batasuna de que la paz -es decir, el cese de los crímenes- exige pagar un precio a los criminales, quienes sólo dejarían las armas tras un acuerdo sobre el futuro político de Euskadi. Es verdad que Batasuna se comprometió en Anoeta a respetar el resultado de esas negociaciones. Pero siendo esto cierto, lo es también que Batasuna ya había asumido compromisos similares (en 1999, tras respaldar a Ibarretxe en cumplimiento del pacto de Lizarra), lo que no le impidió seguir apoyando a ETA, cuando, tras el final de la tregua trampa, volvieron las pistolas y las bombas. En realidad Batasuna acaba de dar un larguísimo rodeo para no decir lo único que supondría un cambio radical: que ETA ha decidido, con su pleno apoyo, abandonar el terrorismo: o, alternativamente, que, pese la permanencia de ETA, Batasuna opta por separarse de forma radical del entramado etarra del que todavía forma parte. Pues ha sido la pertenencia a ese entramado la que determinó su ilegalización y no, como cabría deducir de algunos comentarios escuchados estos días, la negativa del partido ilegalizado a condenar los actos de la banda terrorista. Por eso, mientras esa pertenencia se mantenga -y nada hay por el momento que haga pensar que vaya a ser de otra manera- hablar de la vuelta a la legalidad de Batasuna sería el más grave error político que podríamos cometer en la lucha contra ETA y su mundo criminal. Que eso sea lo que pretende Batasuna es explicable: pero que políticos que conocen el País Vasco como la palma de su mano caigan en esa trampa resulta sencillamente alucinante. Salvo, claro, que esas manos sean, como ya resulta habitual, las que mecen la cuna del brazo político de ETA.