¿QUÉ HACEMOS con los permisos penitenciarios de los agresores sexuales?, nos preguntamos desolados. Pues, desde luego, algo. Además de sollozar, algo hay que hacer. Lo que no podemos es quedarnos como hasta ahora, instalados en el lamento y apelando a la fatalidad. Es cierto que, como dice el ministro de Justicia y la consellera de Interior catalana, el debate hay que afrontarlo con serenidad. Pero también, añadimos nosotros, con urgencia. Siempre ocurre lo mismo. Que llegamos tarde a casi todos los sitios. Tuvimos que ver desfilar ante nuestros ojos a centenares de víctimas antes de que se aprobara la ley contra la violencia doméstica. Presenciamos miles de accidentes de tráfico hasta que nos decidimos a dar los primeros pasos. Y ahora la realidad nos obliga a reabrir un debate y encima nos piden que lo hagamos con serenidad y prudencia. El asesinato despiadado de dos policías leonesas nos lleva a preguntarnos quién va a asumir la responsabilidad de conceder el permiso carcelario al presunto asesino que pasó más de media vida en prisión. Concesión que se adopta sabiendo que ya había cometido una violación en otro anterior. Y conociendo además que los agresores sexuales tienen una rehabilitación casi imposible. A nadie consuela que en tal decisión no se hayan producido irregularidades. Porque eso nos dice que la legislación hace aguas por todas partes. Y es a ella a la que hay que atacar de forma inmediata. Haciendo un estudio diferenciado entre los distintos tipos de delincuentes y los agresores sexuales. Colocando a estos últimos fuera de la discrecional potestad del juez de vigilancia. Llevándolos, si fuera preciso, a centros psiquiátricos y no a prisiones. O replanteándose sus permisos porque sabemos que casi la mitad reincide. Todo, menos dejar las cosas como están.