A PESAR de las horas transcurridas desde que la comisión parlamentaria del 11-M echó abajo su petición, no he conseguido tener claro qué confidentes pretendía el PP que comparecieran. No sé si los del difunto Miguel Gila, que, remedando a sus militares que interrumpían la guerra desde las dos partes por cualquier nimiedad, llegarían de infiltrados a la organización terrorista de turno reclamando la plaza de ordenanza del jefe, para no tener que cometer pecados mortales, o la de oficinista, para disponer a su antojo de los papeles secretos. O los confidentes de carne y hueso, que supongo llenos de miedo porque les descubra cualquiera: la Justicia o sus propios supuestos correligionarios, si es que no temen perder el favor del agente de la autoridad de turno, que les da de comer a cambio de jugarse el pellejo. Todo es posible, e incluso que al Partido Popular le hubiera dado un ataque de hiperdemocracia. Que buscara ahora toda la claridad del mundo en aquello que Felipe González definió como las «cloacas del Estado», desde las que el ex presidente aseguraba se defendía el Estado de derecho. Pero me temo, puesto que no han presumido de eso, que el Partido Popular no es hiperdemocrático, sino que ha entrado en el juego de todos los partidos de la comisión del 11-M, que no es otro que perjudicar al prójimo pero no próximo político. Caso éste en el que tampoco entiendo qué daño le podían causar al PSOE, por ejemplo, unos confidentes, que aunque lleven toda la vida en esto se da por hecho que los últimos ocho meses de gobierno popular han estado a las órdenes de policías y guardias civiles mandados por el PP. Parece que hay cuestiones que políticamente conviene no remover, ni en comisiones secretas que son tan diáfanas como las otras. No obstante lo cual, es de esperar que cada vez que un juez cace en renuncio a un confidente al servicio del Estado, le empaquete como a cualquier otro mortal. Que no sean tan inviolables como parece que son necesarios.