LA POLÍTICA del PP, heroica y esencialista, nos tuvo ocho años pendientes de la historia. Lo que a Aznar le preocupaba era que estuviésemos a la altura de nuestro pasado, que no pusiésemos en peligro el viejo Estado forjado por Castilla, que recuperásemos nuestra grandeza imperial y nuestro orgullo guerrero, y que ninguna política pudiese considerarse española y decente si no llevaba el sello de garantía que se custodia en Madrid. Por eso se enzarzó como don Quijote en los debates del «cómo», mientras Ibarretxe y Maragall avanzaban sin obstáculos por las veredas del «qué». Mientras el discurso correcto se entretenía en demostrar que aquí no hay más nación ni más Estado que España, que la reforma de la Constitución sólo puede abordarse desde el ámbito estatal, que el vínculo de relación histórica entre el centro y la periferia no es modificable, y que la UE no va a tolerar modificaciones territoriales, Ibarretxe y Maragall se lanzaron a una sutil reivindicación de la asimetría federal, dando por supuesto que las Comunidades Autónomas no son iguales, ni tienen las mismas ambiciones. Y tan bien hicieron su papel, que, mientras el PP y el PSOE se frotan las manos por haber ganado el debate de las esencias, nadie duda, en cambio, sobre quien va a ganar la guerra de los privilegios. Para quedarse con el fuero, y salvar la cara de la política centralista, los grandes partidos del Estado se disponen a pactar una reforma que, a cambio de mantener los dogmas jurídicos e históricos reeditados a la sombra del pacto antiterrorista, va a retribuir las demandas de Euskadi y Cataluña con dinero, competencias y termilogías institucionales específicas. Zapatero cree que salva el modelo de Estado, pero no lo salva. Fraga cree que la fuerza de Ibarretxe y Maragall se le va por la boca, pero yerra en toda la línea. El BNG cree que puede subir a Galicia al carro de las comunidades históricas, pero eso no es más que una entelequia. Rodríguez Ibarra se tiene por árbitro de la confrontación entre las dos Españas, pero no va ver el penalti a cambio de una autovía. Y en Madrid, Baleares o La Rioja están convencidos de que, al bajar los índices de solidaridad del modelo, también ellos -los ricos- van a ser beneficiados. Sólo Andalucia -la que tiene más acciones en la empresa Zapatero- parece dispuesta a enfrentarse a cualquier reforma que no sea extensible al conjunto, o que rompa el principio de igualdad potencial de las Autonomías. Pero mucho me temo que ya es tarde. Porque la gran mayoría de los españoles ya está dispuesta a cerrarle el paso a Maragall e Ibarretxe a base de cubrirles de privilegios. Y ellos, como es obvio, se van a dejar querer.