LA JERARQUÍA de la Iglesia Católica española ataca de nuevo. Y lo hace superándose a sí misma. Ahora se trata de un asunto particularmente «querido» para los miembros de la Conferencia Episcopal, cual es el de los homosexuales. Contra ellos, la autoridad eclesiástica ha iniciado una guerra «santa», a modo de revival de aquella «cruzada» que la jerarquía católica bendijo y coprotagonizó contra los rojos . Al menos esta vez no hay víctimas mortales. Aunque, si una lo piensa, los monseñores se han propuesto imponer a sus enemigos, los homosexuales, una muerte civil que los envíe al infierno de la marginalidad, donde, como aseguran los responsables de la Iglesia, será el llanto y el crujir de dientes. Han reaccionado, y nunca mejor dicho, «los curas», término genérico y elocuentemente despreciativo con el que la sociedad civil española expresa su distanciamiento respecto de una organización que no los representa. Y han reaccionado, como les es propio, llenos de «santa» indignación, contra el proyecto del Gobierno de los «rojos» de legalizar el matrimonio de los homosexuales. Contra una iniciativa jurídica de un Gobierno legitimado por las urnas y reconocido por la Corona, como establece la Constitución, reaccionan los representantes de la jerarquía católica con un documento que no tiene desperdicio. El comunicado demuestra una osadía que va bastante más allá de lo tolerable, por anchas que tengan las espaldas los gobernantes y la sociedad española. Porque el mencionado documento de los obispos traspasa claramente la frontera ideológica de la moralina católica para adentrarse en el propio ámbito del poder legislativo y ejecutivo que garantiza en este país, nuestro Estado de Derecho. Esta vez, la Conferencia Episcopal se erige en definidora e intérprete de ese Estado de Derecho para hacer una afirmación tan disparatada como falsa: que a dos personas del mismo sexo «no les asiste ningún derecho» a contraer matrimonio entre ellos. Disparatada porque los obispos se arrogan poder de decidir quiénes tienen y no tienen derechos en una sociedad laica. Y falsa, porque pretende ignorar algo tan obvio como es que sólo esa sociedad española, a través de sus representantes, está legitimada para establecer derechos. Como es el caso de derecho al matrimonio civil de los homosexuales. Pero los obispos españoles ignoran, temerariamente, tan contundentes argumentos de una realidad política a la que ignoran y por lo tanto desprecian. Y llegan a afirmar que «el verdadero matrimonio es más importante para la vida de los pueblos incluso que el Estado». Todo este despropósito es patológicamente anacrónico. Porque huele que apesta a nostalgia, indisimulada, del confesionalismo del que disfrutó la jerarquía católica como recompensa a sus preciosos servicios en la anterior «cruzada», aquella que impuso por la fuerza de un ejército golpista una cruel dictadura. Pero la afirmación más grave la hacen los obispos españoles al afirmar que el derecho al matrimonio civil de los homosexuales es «moneda falsa que devalúa la verdadera». Y esto sí que es dramáticamente contradictorio, cuando quienes esto afirman dicen ser los intérpretes verdaderos del Evangelio. Porque en este nuevo anatema contra la diferencia sexual no hay por parte de la Iglesia católica ni una sola palabra de libertad, comprensión o misericordia, que no es sino ponerse en el corazón del otro. Y esto sí que es verdadera moneda falsa.