EL MINISTRO de Trabajo, Jesús Caldera, quiere acabar con la precariedad en el empleo, que alcanza a más del 30 por ciento de la población ocupada. Ya se sabe que en esto sucede como con el juego de las siete y media: o te pasas en la exigencia de contratación indefinida y los empresarios no contratan o te quedas, al tolerarla en exceso, generando disfunciones en el mercado laboral que, además, terminan saliendo muy caras, ya que, del total de gasto por protección al desempleo, casi un 70 por ciento deriva de la finalización de contratos temporales. Para resolver el tema, se quiere estimular la figura de los fijos discontinuos y la contratación a tiempo parcial. Pero hay otra idea que me parece brillante: establecer en la Ley de Contratos de las Administraciones públicas el empleo estable y de calidad como criterio preferente para la adjudicación de las obras publicas. Un «do ut des» socialmente razonable que merecería serlo también en sede legal.