SI NO SUPIÉRAMOS bien que sin partidos políticos no existe democracia imaginable, hay momentos en que caeríamos en la fácil tentación autoritaria de considerarlos un estorbo sectario y fastidioso. Estos momentos, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si la investigación sobre los horribles atentados de Madrid se hubiera encargado a una comisión independiente? Pues, muy probablemente, que tal comisión se habría fijado como objetivo primordial averiguar cómo fue posible ejecutar una acción terrorista de tanta envergadura sin que sus organizadores fueran detectados. La constatación de ese gravísimo error serviría, de inmediato, para alcanzar la finalidad última que, a buen seguro, constituiría la razón de ser de esa hipotética comisión independiente: la de dirigir a los responsables del Ministerio de Interior y de las Consejerías de Gobernación de los ejecutivos autonómicos las recomendaciones destinadas a evitar que una catástrofe como la del 11-M pueda volver a repetirse. Después de una semana de comparecencias ante la comisión constituida en el Congreso no parece, sin embargo, que la preocupación principal de los comisionados (todos diputados y todos, por tanto, militantes de partido) se dirija por esos derroteros: su interés se ha centrado más bien, hasta la fecha, en precisar el momento en que el Gobierno tuvo noticias fidedignas de que los autores del crimen no eran etarras sino islamistas radicales. No es casual, claro, que haya sido de ese modo, porque la exacta determinación de ese momento (poco relevante para averiguar cómo pudo pasar lo que pasó y cómo evitar que vuelva a pasar en el futuro) es, no obstante, decisiva para saber si el Gobierno mintió a la opinión pública o, cuando menos, manipuló en su favor la información que iba recibiendo de los responsables policiales con la finalidad de minimizar el previsible coste electoral del atentado. Centrar exclusiva (o prioritariamente) los trabajos de la comisión en ese ámbito plantea, en todo caso, tres problemas sustanciales: el primero, que, como ha podido verse en estos días, los partidos y sus mass media más afines juzgarán todos los testimonios al respecto según sus propios intereses. El segundo, que las eventuales responsabilidades del Gobierno en ese ámbito se han depurado ya del modo más estricto: mediante una incontestable derrota electoral. El tercer problema no es, por ser él último, el menos importante: la comisión podrá dictaminar si el Gobierno mintió o manipuló, pero nunca qué hubiera hecho entre el 11 y el 14 de marzo cualquier otro gobierno imaginable. La respuesta a esa pregunta, inquietante como pocas, sólo puede salir del corazón de cada ciudadano.