EN NUESTROS días, la práctica del urbanismo es fundamentalmente económica. La ciudad viene a ser el lugar donde se manifiestan abiertamente las tensiones que genera nuestra actividad cotidiana, y parte de esas tensiones se derivan del mercado del suelo y la vivienda, que se ha convertido en uno de los vectores más importantes. Hace poco escuchaba que «la ciudad es suelo y aprovechamiento». Son tiempos, como se ve, poco propicios para la cultura del crecimiento y las teorías urbanísticas. Pero si, además, resulta que la factura de lo urbano y del territorio adolece de falta de racionalidad y belleza, tendríamos que preguntarnos por las consecuencias que acarreará esta forma de hacer las cosas. Hay una quiebra en esta práctica, monetaria en los grandes números y en la búsqueda de potentes beneficios a corto plazo, pero evasiva -no sin cierta dosis de cinismo- a la hora de ponerle cifras al crecimiento disperso e interminable, al paisaje deteriorado, a las carencias de saneamiento, etcétera. Como si esas cuentas no le interesaran a nadie porque ya caerán sobre el que venga detrás. Por eso hay que preguntarse ¿cuánto cuesta corregir el error reincidente? ¿Quién tiene que pagar y en qué momento? Sólo tres citas. Una desde la historia: la oposición a la «navallada» de la autopista norte-sur, que en 1979 conllevó la paralización del tramo Santiago-Pontevedra, entre otros, para inaugurarse trece años después con el mal trazado que hoy padecemos. Un equipo dirigido por Emilio Pérez Touriño calculó el impacto de la autopista para ese período en el 1,5% anual del PIB gallego. Seguramente, de haberla concluido en plazo, el incremento sería superior y se habría ganado mucho en la articulación de Galicia. Otro ejemplo es el asentamiento en torno a los viales de acceso en los municipios limítrofes a Compostela, con edificaciones masivas amparadas en los planes generales aprobados en su momento por la Consellería. El resultado es el colapso viario y la necesidad de afrontar la construcción de nuevas variantes. El Milladoiro, con unos miles de viviendas habitadas, vertía sus residuos directamente al Sar hasta que se injertó a la depuradora de la ciudad, cuya limitada capacidad se vio superada, ocasionando la permanente contaminación que degrada el río de Rosalía de Castro. Ahora conocemos las consecuencias de esa forma de crecer. La contaminación ambiental y su difícil corrección a posteriori, la dotación de servicios, las travesías ¿con o sin peaje?, el tiempo y la adrenalina consumidos en caravanas... Y el último. La Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural, que iba a ser la panacea contra el deterioro territorial, va a ser reformada poco más de un año después de su entrada en vigor, con las consiguientes repercusiones de toda índole. Si lo económico es el factor fundamental de la práctica urbanística, en cada operación debería evaluarse no sólo el beneficio, sino sus efectos sobre la colectividad. Los americanos están empezando a hacerlo con su sprawl: «Si usted se segrega del sistema urbano, usted lo paga». Sería una buena práctica echar las cuentas a las decisiones y, a partir de ahí, tomar otras tan importantes como la localización de las viviendas protegidas para limitar la emigración suburbana.