COMO NO podía ser de otra forma, Zapatero y su Gobierno van percibiendo claramente que, como decía el viejo refrán, una cosa es predicar y otra, muy diferente, dar trigo. Se trata de una realidad contumaz, que no por repetida en la experiencia de los gobernantes que han gobernado el pasado, libera de sus problemas a quienes gobiernan el presente. El arduo asunto (hay que evitar denominarlo «problema», para no ser sospechosos de actitudes insolidarias) de la inmigración ha sido lo que se llama «la primera en la frente». El encierro en la catedral de Barcelona de un millar de emigrantes ha desbordado, por la radicalidad de sus reivindicaciones, no sólo la benevolencia de los gobiernos catalán y del Estado sino también a los sindicatos «de orden», esto es, CC. OO. y UGT. Bajo el ilusorio lema de «papeles para todos y sin condicciones», se rearmó -porque esto no es nuevo- la barricada de la resistencia contra la realidad de un país que, al igual que los de toda Europa, no está en condiciones de asumir semejante aspiración por muy respetable que ésta sea. Pero sobre todo, el encierro de Barcelona ha hecho saltar todas las alarmas de los responsables socialistas, que han tomado conciencia del riesgo que supondría para su credibilidad ir a despeñarse, precisamente, por el despeñadero de la demagogia y de la irresponsabilidad. Menos mal que lo de «papeles para todos» no fue, que yo recuerde, una promesa electoral. Bien al contrario, el vidrioso tema de qué hacer con el «problema» -perdón, quería decir «fenómeno»- de los inmigrantes, quedose en una retórica de compromiso que, en realidad, a nada comprometía. Zapatero ha tenido bien claro que, como dice otro refrán, «más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo». Y ha mandado decir a su secretaria de Estado de Emigración que de papeles para todos, nada, y que no habrá en el futuro ninguna medida de regularización excepcional. La cosa ha sonado tan dura y drástica que ha tenido que salir el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para matizar la severidad de la secretaria de Estado, consuelo Rumí, asegurando que el Gobierno «estudia» la concesión de permisos temporales a los sin papeles que tengan un contrato laboral. Pero «papeles para todos», ni en broma. Por cierto que, en cuanto a esto de la predicación y el trigo, también el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, lo tiene muy claro. De momento ha anunciado que aplaza la reforma fiscal de la plusvalía prometida en el programa electoral del PSOE. A modo de «explicación», Solbes se ha limitado a evocar el principo teresiano de que «en tiempos de turbación, no hacer mudanza». Si bien ha sustituido lo de la turbación por lo del «cambio», que resulta perfectamente inaprensible en sus contenidos. Durante la campaña electoral, Zapatero había defendido la reforma fiscal de las plusvalías como emblema de la alternativa fiscal socialista. Ahora Solbes prefiere estar a ver qué pasa con la reforma fiscal europea. Lo dicho, que una cosa es predicar y otra... no complicarse la vida con las consecuencias de la prédica.