EL PROBLEMA va más allá de los gais. La propuesta del Gobierno de ensanchar el concepto del matrimonio civil es una invitación a reflexionar sobre el papel del matrimonio en la sociedad, y del Estado en el matrimonio. Hoy en día solemos insistir en la superioridad del sector privado en todo -hasta en aspectos de la vida que, en fin de cuentas, podrían dejarse tranquilamente en manos estatales, tales como la salud, la educación, la seguridad social, las cárceles, los transportes, y todo el andamiaje de la infraestructura económica. Por diversas zonas del mundo, todo se está privatizando -menos el matrimonio, que sigue siendo un monopolio estatal. Queremos expulsar el Estado de encargos propiamente públicos, mientras toleramos su interferencia en las relaciones más privadas, más íntimas y más personales de nuestras vidas. Parece mentira que estemos dispuestos a quitar al Estado tantas funciones perfectamente racionales, pero que sigamos admitiendo un gobierno intruso en la cama. Históricamente, la involucración del Estado en el matrimonio es un accidente, o, más bien, el producto de una fase ya pasada. Hasta la Edad Moderna, las parejas se ligaban según su gusto. Luego se lanzó una lucha entre Estado e iglesia para controlar la vida de la gente. La iglesia insistió en que los matrimonios se celebrasen públicamente y se sometiesen a la disciplina eclesial. El Estado exigió que se registrasen en legajos a la disposición de oficiales láicos y que se cobrasen los derechos e impuestos correspondientes. Con la Ilustración europea, varios Estados seglares intentaron agarrar las mismas ceremonias de manos de la iglesia, más por odio al clero que por amor a los ciudadanos. Para los que compartimos sentimientos religiosos, es comprensible que quisiésemos celebrar nuestras bodas como manda la iglesia, o según las tradiciones de nuestras religiones particulares. Pero recibir de manos de un Estado un trozo de papel que nos permita vivir juntos y compartir una vida sexual carece en absoluto de cualquier sentido. Si no es un acto sacramental ni piadoso, el matrimonio no es más ni menos que un contrato civil, que cada pareja puede contratar por el tiempo que le parezca bien, según las condiciones que quisiese especificar. ¿Por qué permitir al Estado dictar la distribución de sus bienes, o especificar la persona o personas que los heredasen, o las condiciones bajo las cuales su unión pudiese disolverse? Son cosas que los seres humanos, desde luego, son capaces de decidir por sí mismos, mediante un contrato específico, relacionado con sus propias necesidades y voluntad. Entiendo perfectamente, por supuesto, que el estado tiene cierto interés en que las parejas quedasen con sus hijos hasta que éstos estén crecidos, como mínimo: así se robustece la continuidad de la sociedad y se asegura que los costes de la educación básica y nutrimiento de los niños no caigan a cargo de los contribuyentes. Pero el matrimonio no sirve a este fin, ya que admitimos el divorcio. Y en el caso de los gais, la cuestión de los hijos es poco relevante. Para lograr que los padres aceptasen sus responsabilidades, la mejor estrategia es concederles privilegios fiscales a los que se cuidan de sus hijos. Existía históricamente otro motivo para insistir en que las parejas registrasen públicamente sus compromisos mutuos: para evitar la explotación sexual de mujeres por burladores que las engañaban con falsas promesas. a no respetamos los derechos de esta clase de víctimas; o más bien, suponemos que las mujeres son responsables y capaces de acostarse con quienes quisiesen y de valorar por sí mismas los halagos de los hombres. El hecho de que tengan o no tengan un trozo de papel expedido por el Estado no tiene nada que ver. Claro está que si un amorío no es moral, un formulario de la burocracia no puede rescatarlo. Una licencia concedida por el Estado no puede afectar ni al amor entre dos personas, ni a su disposición de seguir amándose, ni de cumplir sus compromisos. Es un insulto, tanto a los homosexuales como a otras personas cuyo sistema de vida es distinto al convencional, sugerir que les hace falta la aprobación del Estado para que sus relaciones sexuales sean respetables o decentes. En España, que es un país muy individualista, no solemos admitir que el Estado tenga razón ni autoridad especial en la vida privada ni la conciencia de los españoles. Entremeter el Estado en las relaciones íntimas de las parejas es robarles la independencia y quitarles libertad. El Estado tiene, por supuesto, la obligación de apoyar el cumplimiento de los contratos, pero no tiene ningún derecho de exigir a los ciudadanos que se conformen a un contrato escrito por la burocracia, sin tener en cuenta las muchas particularidades, matices y circunstancias de cada individuo. En lugar de infligir a los homosexuales otro agravio más de parte del Estado, lo que deberíamos hacer es devolver el matrimonio a la esfera privada. Las personas privadas, sea cual sea su sexo, tendrán el derecho de vivir juntas si así quieren, y de contratar las obligaciones mutuas que les parezcan bien, disponiendo de sus bienes conforme a su propia voluntad, o, si así lo prefieren, de compartir una vida sexual sin compromisos. Los que respetamos las tradiciones religiosas seguiremos casándonos por la iglesia (o templo, o sinagoga, o mezquita, o lo que sea) y observando las disciplinas de las comuniones a las cuales pertenecemos. Todas las parejas que cumplan sus responsabilidades para con sus hijos recibirán los mismos derechos o privilegios de parte del estado. Así el matrimonio será como Dios manda: un arreglo entre individuos y, si creen en él, con él mismo. © Felipe Fernández-Armesto