DETERMINADOS análisis de hechos sucedidos, y las declaraciones subsiguientes de los responsables políticos o gerenciales involucrados en ellos, son la sombra que siempre me asombra. Con el Prestige, la catástrofe ambiental que nunca existió, se alcanzaron las más estimables cumbres en el arte de redefinir la realidad para minimizar su impacto en la ciudadanía. Recientemente se observan también intentos de asentar en la memoria colectiva versiones bien diferentes de las sucedidas en aquel tiempo real. Pero este comportamiento, de tan obvios réditos electorales, lleva camino de convertirse en una norma generalizada para asumir responsabilidades, e incluso para resolver los problemas generados. Vean, si no, los anuncios en prensa y las declaraciones alrededor de un hecho: la destrucción por el fuego de las historias clínicas y material sanitario de un complejo hospitalario. Más allá de los análisis de quienes por su trabajo deben enfrentarse en tiempo y situación real al problema derivado de la catástrofe, la actitud oficial genera por sí misma interrogantes de difícil respuesta: Si la pérdida de medio millón de documentos clínicos supone un problema menor, ¿a qué gastar tiempo y dinero en almacenar y movilizar ese volumen documental? Y si la parte sustantiva de esa documentación está archivada en soporte informático, ¿dónde estaba el ejército que la ha informatizado, o los soportes informáticos para ello? Y esos interrogantes se afianzan cuando es la sociedad, asociaciones de usuarios o los propios trabajadores del sistema, quien debe acudir a las instancias competentes -protección de datos o fiscalía- para que se establezcan responsabilidades o se palien posibles daños causados. El problema no estriba -únicamente- en que una catástrofe suceda, sino en los análisis y posiciones que se toman ante ella. Cuando se pretende establecer que aquello que se percibe como catástrofe es un problema menor para la ciudadanía afectada, se generan un sinfín de incertidumbres, intuyéndose que ese minimalismo y simplificación aleja las soluciones cabales al problema. Minimizar los problemas quizá evite una primera alarma social, pero no la desconfianza en quienes deben gestionarnos lo público.