TAL COMO va el debate del coste de la guerra al erario público español, hay que cambiar un viejo concepto: en vez de hablar de «pólvora del Rey», tendremos que hablar de «pólvora del PP». Es la conclusión que se obtiene después de escuchar al ex ministro Arias Cañete, que justificó los 60.000 millones de pesetas en el superávit de las cuentas públicas. Vino a decir que, como las necesidades básicas previstas en los Presupuestos estaban cubiertas, nos pudimos dedicar al caro juego de la guerra. Leído de otra forma: como no había que construir ya más hospitales, ni subir las pensiones más bajas, nos pudimos dar una alegría en Irak y arreglarle el cuerpo al señor Bush. ¡Dios, qué cantidad de demagogia va a abrir esta explicación! Hasta que Bono dio esta cifra, participar en la guerra parecía gratis. Era un asunto ético, político, caprichoso, ambicioso, aznariano, imperial e impopular. Pero, que yo haya visto, a nadie se le ocurrió preguntar cuánto nos estaba costando. Por lo menos, el partido al que pertenece el mismo señor Bono, que realizó una fuerte oposición en la calle y el Parlamento, nunca se lo preguntó a Trillo ni a Aznar. Estaban en el grupo que pensaba que eso era gratuito. Ahí sí que hemos demostrado que nos falta experiencia bélica. Los americanos serán lo que sean, pero saben lo que les cuesta mover un carro de combate y tienen la costumbre de aprobar los créditos extraordinarios necesarios para una acción exterior. Nosotros nos hemos enterado porque José Bono llegó a Defensa, pidió papeles con toda su inocencia, vio números, y boca, para qué te quiero: se chivó a los contribuyentes. Y ahora los contribuyentes se tientan la cartera. Si algo le faltaba al Gobierno Aznar para completar su impopularidad por lo que ya llaman «belicismo», ahí está: nos ha metido la mano en el bolsillo. Van a ser los 370 millones de euros políticamente más caros de la historia. Y traducidos a pesetas, que es el idioma monetario que todavía entendemos la mayoría, serían capaces de cargarse un gobierno. La pregunta es: ¿por qué un gobernante da ese chivatazo? ¿Es correcto lanzar esa granada a la línea de flotación del equipo que acaba de abandonar el poder? ¿Cuál es su objetivo secreto? El ministro lo justificará desde la siempre irreprochable voluntad de transparencia. Pero una presunta víctima política de la revelación, Jaime Mayor Oreja, denuncia propósitos electorales. Confieso mi incapacidad para descubrir esas intenciones perversas. Pero hay una cosa clarísima: esos 60.000 millones de pesetas se van a convertir en la mancha negra de una etapa que desembocó, precisamente, en un testamento que proclamó la limpieza de las manos y la opulencia de la caja.