LA BODA de los Príncipes de Asturias ha reabierto el debate sobre la forma política del Estado. No me refiero, claro está, al rancio debate que protagonizado por periodistas mediocres, personajes anacrónicos o guardianes de la ortodoxia, ha invadido la programación televisiva de nuestro país, sino a opiniones de personas e instituciones solventes que se interrogan seriamente sobre el futuro de la institución monárquica en España. ¿A qué se debe este hecho relativamente novedoso en nuestro país en los últimos años? Para encontrar una respuesta adecuada a esta pregunta hay que indagar, como siempre, en nuestra historia. En la reciente y en la más remota. En efecto, la turbulenta historia constitucional de España se ha caracterizado por la existencia de periódicos impulsos progresistas, siempre relacionados con la crisis de legitimidad de la institución monárquica, a los cuales han seguido reacciones conservadoras, cuyo punto de apoyo ha sido invariablemente la Monarquía. Así pues, nuestra historia constitucional ha sido la historia de las restauraciones monárquicas, y no ha habido ni un solo momento constituyente desde 1812 en el que la Monarquía no haya estado en el centro de la controversia. En 1975, tras la muerte de Franco, la institución monárquica atravesaba una grave crisis de legitimidad. Nada extraño, si se considera que había sido restaurada por un régimen dictatorial resultante de una sublevación militar contra un Estado democráticamente constituido. Una vez más, la Monarquía se convertía en el principal problema constitucional que había que resolver para iniciar el proceso constituyente de la democracia española. Como consecuencia de lo que en el argot político se denomina correlación de fuerzas, se alcanzó un compromiso político, mediante el cual las fuerzas democráticas aceptaban la Corona, y ésta asumía el diseño de un Estado plenamente democrático, bajo la forma de Monarquía parlamentaria. Éste es el pacto político en el que se asentó la transición a la democracia. Al actuar de esta forma se pudo sortear un importante obstáculo que amenazaba con perturbar e incluso bloquear todo el proceso democrático. Pero, al mismo tiempo, se limitaba de hecho, aunque no formalmente, el poder constituyente, al no permitir que éste se extendiera a una cuestión tan relevante como es la forma política del Estado. Por eso, a pesar de que el sistema ha funcionado razonablemente bien durante 25 años, la cuestión no está definitivamente resuelta. Los Príncipes de Asturias harán bien, pues, en asimilar la experiencia del último cuarto de siglo, y no pensar que la fantasía que viven estos días se convertirá inevitablemente en profecía de obligado cumplimiento.