COMO SUELE OCURRIR entre la profesión cada vez que se tratan asuntos de periodistas, en esta ocasión también se ha desatado una buena zapatiesta por la constitución el pasado lunes y después de once años de trabajos del Consejo Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), organismo que se constituye, a iniciativa y propuesta de ésta, como órgano de autocontrol deontológico y jurisdiccional interno y voluntario de los periodistas, autónomo y disciplinario, en orden a reforzar el arbitraje, la mediación, el entendimiento y la recomendación de petición de disculpas, actuando como autoridad moral otorgada explícitamente por las asociaciones de la prensa y los periodistas en ellas afiliados (cerca de quince mil). El Consejo recogerá las quejas de cualquier persona que se considere afectada por una información y, previa renuncia a la vía judicial, se someterá a ese órgano, cuyo dictamen tendrá fuerza moral y ética. El artículo 2.3 de los estatutos de la FAPE encomienda a ésta y a las organizaciones federadas «el desarrollo de la deontología, periodística e informativa», mientras que en el preámbulo del Código se dice que «los periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la información -no olvidemos que este último lo ejercen en nombre del ciudadano, que es el titular y en quien reside este derecho-, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos fundamentales». El Consejo está integrado por tres periodistas, Jesús de la Serna, Antonio Petit y Alejandro Fernández-Pombo; tres catedráticos, Adela Cortina, Manuel Parés i Maicas y Manuel Núñez Encabo; dos magistrados, José Sánchez Faba y Ángel Juanes Peces, y dos miembros de organizaciones sociales, Ana Álvarez de Lara, presidenta de Manos Unidas, y Nuria Gispert, presidenta de Cáritas España. Dado el espíritu rebelde que anida entre los ejercientes de este viejo oficio menestral, muchos buenos periodistas que son también editores han rechazado la creación del Consejo y sólo se quieren atener al Código Penal y al Mercantil. Es un asunto delicado que en modo alguno debe dividir a la profesión en nuevas y más letales banderías, pero todos, incluidos los editores, tendrían que reflexionar y empezar a prestigiar, por ese u otros procedimientos, una profesión que se está deslizando por sendas de desapego social a causa de la pérdida de la credibilidad, la veracidad y el rigor que sustentan el oficio. Si se reivindican derechos deben asumirse deberes.