TODAVÍA HAY quien dice que la factoría de Astano pagó el precio de nuestra incorporación a la Unión Europea, como si el INI no la hubiese rescatado, hace cincuenta años, de una quiebra inevitable. Todavía hay quien piensa que a base de satisfacer las demandas locales de Sestao, Ferrol o Puerto Real, se puede lograr una empresa viable que haga frente a la competencia de Corea del Sur. También hay quien piensa que es bueno mantener el empleo a base de subvencionar empresas en pérdidas, olvidando que todo trabajo subvencionado destruye empleo productivo y es socialmente injusto. Tampoco falta quien, después de veintidós años de soluciones parciales y paños calientes, aún pide más prórrogas para la confección de un milagroso plan de viabilidad que nunca llega. Y hasta hay algunos políticos, como Zaplana, que alardean de haber mantenido el empleo de Izar a base de otorgarle subvenciones que ya se sabían irregulares, poniendo como ejemplo de buena gestión lo que debería denunciarse en el juzgado. Mientras la UE exige la devolución de los mil millones de euros que Aznar enterró de forma irregular en ese pozo sin fondo llamado Izar, muchos trabajadores de Ferrol, Sestao o Puerto Real siguen convencidos de que los españoles vamos a ser solidarios y comprensivos con la traslación de su crisis a nuestras calles, y que vamos a estar de acuerdo con que, además de soportar los cortes de tráfico y los neumáticos quemados, sigamos pagando la pervivencia de estos monstruos enferruxados , y de sus asalariados y directivos, con impuestos satisfechos por agricultores o albañiles que cobran salarios muy inferiores a los que se perciben en estas empresas fantasmales. Y es que aún se guarda el recuerdo de los agricultores castellanos que aplaudían a los mineros que caminaban hacia Madrid para abortar los planes de racionalización de Hunosa, en un gesto que cuesta 1.500 millones de euros anuales. No seré yo quien niegue la necesidad de gobernar con sentido social las crisis de coyuntura, ni quien proponga que sean los trabajadores los únicos que paguen los efectos de la deslocalización industrial de la que un día fueron beneficiarios. Sólo pido que los males incurables no se traten como curables, y que los procesos de reconversión duren menos de 30 años. Porque no es justo pagar los salarios de unos con los impuestos de otros, ni se nos puede pedir que permanezcamos callados en defensa de otros trabajadores que hacen todo su trayecto laboral en una empresa quebrada, que sólo se ocupa en hacer planes de viabilidad imposibles. Aunque me da la espina que dentro de veinte años seguiremos hablando de la crisis de Izar. Como ahora. Como siempre.