EL RECIENTE cambio de estrategia del PP respecto a las reformas constitucionales que el PSOE tiene proyectadas resultaría sorprendente si no fuera, en realidad, de una lógica aplastante. Una lógica que no es, desde luego, la de la coherencia con las posiciones mantenidas previamente, pero sí la de buscar el mejor espacio para competir con la mayoría que gobierna. Que Rajoy ha variado su postura no ofrece duda alguna y las hemerotecas están ahí para probarlo. Pero, ¿por qué lo ha hecho?: ese, y no otro, es el asunto. Según Rajoy, porque con ello quiere evitar que nadie pueda acusar a su partido de intentar bloquear, por la mera cuestión de sostenella y no enmendalla, unas reformas sobre cuya necesidad parece existir un amplio acuerdo entre una parte de la clase política española. Se trataría, pues, de responder con la misma moneda al talante abierto y negociador que Zapatero quiere patentar como marca del nuevo Gobierno socialista. Es posible, claro está, que esa sea la razón que ha llevado a los populares a cambiar de posición, de la noche a la mañana, en un asunto de tanta trascendencia como es el de la reforma constitucional y estatutaria. Aunque existen, obviamente, otras posibilidades de explicación alternativas. La más plausible es la que resultaría de aplicar el famoso refrán «piensa mal y acertarás». Y pensar mal no consiste en este caso en otra cosa que en dar por supuesto que el PP se comporta del mismo modo que actuaría en su situación cualquier otro partido: buscando mejorar su futuro electoral a costa de empeorar el de su adversario más directo. Ese parece ser, de hecho, el objetivo perseguido por Rajoy cuando emplaza al presidente del Gobierno a fijar ya su posición sobre la reforma del Senado o sobre la explosiva petición nacionalista de que la Constitución distinga las nacionalidades y regiones. Rajoy sabe, como lo sabe cualquiera que conozca algo de este asunto, que el aparente acuerdo entre las fuerzas políticas que hoy forman mayoría en el Congreso se desmoronará como un castillo de naipes en el momento mismo en que de las declaraciones de intenciones se pase a los proyectos con nombres y apellidos. Y ese es precisamente el momento que Rajoy intenta adelantar: aquel en que, puestos ya todos los proyectos encima de la mesa, empiecen, como quien dice, a sonar las bofetadas. Podrá considerarse una estrategia maliciosa, pero es legítima en un sistema democrático. Como lo es la que, en respuesta, intentará a buen seguro el Gobierno socialista: la de darle largas a Rajoy y seguir mareando la perdiz con lo importantes que son unas reformas que en realidad no se sabe muy bien en qué darán.