VUELVE a ser noticia, por reformas, la financiación autonómica, ese sistema por el que se dota de contenido (o sea, de euros) el armazón descentralizado del Estado. El método en vigor es fruto de sucesivos retoques dirigidos a aumentar la autonomía sin recortar la solidaridad, objetivos básicamente logrados a falta de algunos desequilibrios: la escasa dotación de los ayuntamientos, que cada vez tienen más competencias, la insuficiencia financiera de la sanidad y la peculiar (es decir, injusta, por mucha historia foral que se aporte) forma de contribuir del País Vasco y Navarra. A primera vista, la pega de la próxima reforma está en que no viene de una demanda multilateral; quien fuerza el cambio es el Gobierno catalán, en el poder tras una campaña cuya música de fondo fue la cantinela del déficit fiscal. Es de temer que los catalanes, más que justicia y por no ser menos, reclamen gozar en algún grado de la misma injusticia que vascos y navarros. A la Xunta le espera una dura negociación.