EL TREN de la unificación europea llegaba en Dublín mientras la diplomacia española cambiaba de agujas. Las rebajas de Rodríguez Zapatero, ofrecidas en Berlín y París, aceptando -sin contraprestación que aún se sepa-- el principio de doble mayoría, añadía a la botadura de la Europa de los 25 la inminencia de los fastos constitucionales para la UE. Son imágenes capaces de cegar, por lo intenso de su brillo, la visión razonable de lo verdaderamente ocurrido. De la fiesta de ahora se quiere inferir, por propios y ajenos, que era una obcecación española lo que cerraba el paso a la constitucionalización de la Europa política. No es verdad que las cosas fueran de esa manera. Se faltaría al decoro, por omisión. si se aceptara lo que se propone como verdadero y cierto. No se incurre en abuso ni se comete irresponsabilidad cuando se defiende un derecho. El Tratado de Niza confería a España un peso político, en el circuito constitucional de las decisiones, que se ha modificado después, por maniobra franco-alemana en el proyecto constitucional, con la introducción del principio de doble mayoría. El Tratado de Niza es una ley; el texto constitucional elaborado por la Convención, sólo un proyecto de ley. Algo, además, viciado de ilegitimidad, pues Guiscard d'Estaing carecía de mandato para ir más allá del Tratado de Niza o contra él. Era la fuerza y el peso de Francia y Alemania contra el peso del derecho al que España se acogió hasta el 14 de marzo. Lo renunciado no supone ir al corazón de Europa, sino descender a las sentinas del poderío germano-francés: prestigiado moralmente -a propósito de Irak- por su defensa de que la fuerza internacional se conforme y avenga al derecho. ¿Quién cerraba el paso a la Constitución de Europa?, ¿quién se atenía al derecho y quien sólo a la fuerza? Es justo que cada palo aguante su vela. Y necesario además. Esa Constitución habrá de refrendarse.