LA DESCLASIFICACIÓN de informes de la Policía y del CNI no ha cerrado la polémica. Al revés: la abrió más. Ha dividido a la opinión pública y publicada entre quienes alaban al Gobierno en funciones por su decisión y quienes se han instalado más en la duda. Dicho de otra forma: ha satisfecho a los partidarios del PP, que sufrían viéndole pasar por mentiroso, y ha abierto grandes interrogantes en los once millones de votantes del PSOE. Y ha creado tres serios motivos de reflexión: la intriga de si ocultó documentos, el descrédito de los servicios del Estado y el fondo de credibilidad del Gabinete. Sobre el primer aspecto, dispónganse los todavía ministros a lo peor. Ya se ha publicado que hay un tercer informe del CNI que ni Acebes ni Zaplana han mostrado en su rueda de prensa. Y el Partido Socialista ha salido al quite por boca de Pérez Rubalcaba: «Yo sostengo que el CNI ha dicho otras cosas». Es una cuestión de fe. Pero parece razonable que, cuando todo el mundo estaba pensando en el terrorismo islámico, los espías españoles no podían estar dirigiendo sus sospechas solamente a ETA. Y eso conduce al descrédito de nuestros servicios secretos. Primero, porque se ha puesto al descubierto su capacidad de equivocarse. Hasta ahora se nos había dicho que España tenía los mejores servicios de detección y seguimiento de terroristas, debido a una experiencia desgraciadamente acumulada. A partir de ayer, se puede hacer un resumen cruel: no huelen los grandes atentados. Ni siquiera son capaces de detectar rápidamente su autoría. Y segundo: si es posible hacer públicos sus informes sólo cuando le interesa al gobierno de turno, ¿qué principio de confidencialidad les queda? La publicación de sus trabajos en función de una coyuntura política los deja en una lamentable situación de inseguridad. El Gobierno habrá salvado su honor, pero a costa de servicios del Estado. Y, por último, lo ocurrido encierra una lección: aunque el Gobierno hubiera dicho la verdad y no hubiera habido ni un ápice de manipulación, ¿sabe por qué hemos desconfiado y seguimos desconfiando? Por el tono. La sucesión de horarios entre informes y las palabras del Gobierno pueden ser coherentes. Pero hay una sustancial diferencia: donde el CNI atribuía la autoría a ETA «casi seguro», es decir, con cautelas, el Gobierno mostraba seguridad absoluta. Todo lo que se dijera en contra era intoxicación. Y cuando el señor Aznar nunca levantó un teléfono para hablar, por ejemplo, del Plan Ibarretxe, ahora llamó dos veces a directores de medios. Había interés en defender determinada verdad. Y había interés en cerrar la posibilidad de otra. ¿Entienden ahora, señores ministros, por qué desconfía tanto la sociedad?