EN LA OPINIÓN de la mayoría de los expertos, la elevadísima tasa de precariedad que hay en España y en Galicia, que está próxima al 40% de los asalariados del sector privado, no es compatible con la legislación actual sobre la contratación laboral. La aplicación estricta de la norma legal hace imposible alcanzar esta tasa, que solo puede ser explicada por el hecho de que en una gran mayoría de empresas no se respeta la normativa laboral. Muchas empresas están en una grave situación de ilegalidad, ya que no respetan el principio legal de la causalidad en la contratación, esto es que los contratos no indefinidos tienen que tener una causa que los justifique y que a un puesto de trabajo fijo le corresponde un contrato estable, principio recuperado a partir de los cambios en la norma legal realizados en 1997. La utilización irregular de contratos temporales, el encadenamiento de contratos en la misma empresa, la rotación del trabajador entre la empresa y el Inem son practicas que vulneran la ley pero que son, por desgracia, habituales en muchas empresas. La cultura de la precariedad laboral ha calado tanto en las empresas que en muchos casos no son conscientes de que están incumpliendo la ley y que de este incumplimiento se derivan graves responsabilidades para la empresa y para sus responsables. Incurren en una situación de alto riesgo al vivir de forma permanente en la ilegalidad, y una denuncia contra ellas por fraude de ley de los afectados pero también del Inem o otros organismos públicos, puede derivar en un proceso de sanciones y multas de elevada cuantía hasta poner en cuestión la continuidad de la propia empresa. Y eso es así a pesar de que en la reforma legal de 1997 se facilitó y abarató el coste del despido y se ampliaron las subvenciones y bonificaciones para incentivar el empleo estable. Sin embargo, la extendida lógica de la precariedad contractual hizo que esta política de incentivación no tuviera los resultados buscados. Muy pocas empresas realizan una comparación objetiva entre los costes de tener trabajadores estables, las subvenciones y ayudas públicas a la estabilidad y el grave riesgo económico en el que incurre por incumplir la ley. Un análisis coste/beneficio realizado desde los propios intereses de la empresa y sus directivos demuestra el error de la política de contratación de la mayoría de las empresas que utilizan contratos temporales de forma abusiva y, en muchos casos, sobrepasando los limites de la legalidad. A lo mejor es necesario cambiar de estrategia y, además de la zanahoria hay que empezar a utilizar el palo, esto es, obligar a cumplir la ley.