EL 29 DE JUNIO de 2001, el presidente de la República Federal de Yugoslavia, Milosevic fue transferido a La Haya y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en Kosovo, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Este tribunal había sido creado ad hoc en 1993, con el fin de condenar a Milosevic por genocidio. Su composición pocas garantías ofrecía de imparcialidad, así como tampoco el carácter de los donantes: la ONU al servicio de Estados Unidos, y entidades privadas como las fundaciones MacArthur, Carnegie, Rockefeller y Soros. Se eligieron los fiscales propuestos por Estados Unidos; personalidades que, antes incluso de su nombramiento, ya habían hecho declaraciones contra el presidente yugoslavo. Algunos de los jueces mantenían relaciones estrechas y públicas con los acusadores, sin que fuera un obstáculo para su nombramiento. La función de este tribunal, en suma, consistía, como el de Nüremberg, en dar la razón a los vencedores: en el tribunal alemán, el fiscal soviético era el organizador de las grandes purgas estalinistas, mientras que para los americanos se trataba de ocultar los crímenes contra la humanidad de Hiroshima y Nagasaki. Y aquí, en La Haya, el fiscal negó de entrada cualquier tipo de responsabilidad de los responsables de la ONU. Como decía Mao Tse Tung, la historia la hacen los pueblos, pero la escriben los grandes. Existe, sin embargo, una diferencia entre ambos procesos: En Nuremberg los vencedores se esforzaron en que los vencidos pudieran defenderse. Lo cual no implicaba ningún riesgo para ellos, puesto que su culpabilidad estaba demostrada de antemano. La justicia era selectiva, pero sus decisiones, imparciales. En La Haya, al contrario, el objetivo consiste en justificar a posteriori decisiones políticas que motivaron una intervención militar. Igual que si se quisieran encontrar ahora las armas de destrucción masiva que no poseía Irak. Ahora bien, y fíjense en la aberración siguiente: se acusa a Milosevic de crímenes cometidos en Croacia y en Bosnia-Herzegovina, en particular del genocidio de Srbrenica de julio de 1995, cuando cinco meses después, en noviembre del mismo año, Europa y Estados Unidos le piden que sea garante de los acuerdos de paz de Dayton; es decir, que ahora se le considera autor de crímenes de genocidio que habían minimizado entonces. Sucedió, sencillamente, que entre ambas fechas Milosevic se convirtió en adversario de la OTAN y perdió la guerra de Kosovo. No hay duda de que Milosevic tiene gran parte de la responsabilidad en las guerras que devastaron la antigua Yugoslavia, pero la italiana Carla del Ponte, fiscal del Tribunal, agresiva y pugnaz, no logra demostrar que haya estado implicado en ninguna empresa de limpieza étnica . Y eso que cuenta con 400 investigadores que tratan, inútilmente hasta ahora, de demostrar que el proyecto de Milosevic era crear la Gran Serbia: al contrario, parece ser que, si bien tenía influencia, no gozaba de autoridad real sobre los serbios de Bosnia y de Croacia. Peor aún: de esas encuestas se deduce que la masacre de cientos de miles de kosovares, evocada por Bill Clinton para justificar la guerra, es como las armas de destrucción masiva de Sadam Huseín: no existió.