ES NOTORIO que no trato de asuntos que afectan a la Universidad de A Coruña desde que terminó mi responsabilidad como rector. La excepción que hago viene motivada por declaraciones emanadas de órganos de la consellería competente en la materia con ocasión de un importante déficit y endeucamiento de la Universidad compostelana, en cuyo enjuiciamiento no entro. En aquéllas se manifiesta que el plan de financiación de las universidades gallegas, con principio en el 2000 y fin en el 2003, fue aceptado por los tres rectores, entre los que me encontraba junto con el actual de Vigo y el anterior de Santiago. Y se habla de corresponsabilidad de las universidades con «el dinero que se pone en sus manos». Para comenzar, he de decir que la Universidad que presidí hasta finales de septiembre del 2003 no tenía déficit, ni estaba endeudada. Seguimos la doctrina del déficit cero, a la que acaba de apuntarse también el candidato socialista en la precampaña electoral. Por ello, el presupuesto para el año 2003 no creció y se presentó equilibrado entre ingresos y gastos. La financiación acordada en el 2000 constaba de dos partes: una relativa a la subvención para gastos corrientes y otra para inversiones en nuevas infraestructuras. Aquélla se destina, fundamentalmente, a gastos de personal y de servicios. Su cuantía se fijó teniendo en cuenta los créditos en que se matricularon los estudiantes -las carreras suelen estructurarse en créditos y no por cursos- en lugar del número de alumnos que rigió el primer plan. Los datos fueron suministrados por las propias universidades. A iniciativa de quien escribe, recogiendo un espíritu compartido, se incorporó una cláusula de salvaguarda, aceptada con gran comprensión por el conselleiro de Economía, señor Orza, a pesar de la discutible solidez técnica de la misma. Según ella, cualuiera que fuese el descenso de estudiantes -reflejado en el de créditos matriculados- se respetaría lo percibido por cada universidad en el año 1999. Se discutió si las entonces pesetas eran las de 1999 o su equivalente computada la inflación. En todo caso quedó garantizado el suelo de 1999. Y así sucedió en el primer año de aplicación del plan para las universidades de Santiago y Vigo. Por eso hubo que arbitrar una fórmula -nuevamente con la comprensión del señor Orza- para que la universidad que había cumplido con el plan no resultase, absurda e injustamente, perjudicada por la aplicación perversa de una cláusula pensada para favorecer a las universidades. Cada universidad sabíamos con lo que contábamos en el 2000, en el 2001, en el 2002 y en el 2003 para elaborar los presupuestos. La Universidad de A Coruña hubo de atenerse a aquellas cifras, con los correspondientes ajustes. Las otras dos universidades tuvieron asegurado el suelo financiero de 1999. Por eso, entiendo que las declaraciones oficiales a los medios de comunicación social, aunque no sean técnicas, deberían ser lo suficientemente precisas para no incluir la gestión de las tres universidades en una nebulosa uniformadora. Para ser completas deberían referirse a algo tan sustantivo como lo que aquí se ha narrado respecto de la cláusula de salvaguarda que paliaba, significativamente, al efecto del descenso de estudiantes en las universidades afectadas.