LA REFORMA promovida por Berlusconi, que ha dado lugar a la huelga de jueces y fiscales para los días 11 y 12 del próximo mes de marzo, encierra muchas novedades polémicas. Una de ellas es la vinculación de los ascensos a un sistema de exámenes o evaluación a realizar por una «Escuela de Magistratura», de presunto funcionamiento «autónomo». Pero nada es comparable a la posibilidad de que el Gobierno -no el Consejo Nacional de la Magistratura- sancione directamente, incluso con el apartamiento del cargo, a los jueces que pronuncien las denominadas sentencias creativas . Se llama así en la Italia de hoy a las sentencias imbuidas de «un espíritu opuesto a la letra o la voluntad de la ley». El juicio sobre la existencia de esa oposición a la ley queda en manos del Ejecutivo. No es fácil, pues, imaginar un mecanismo de mayor sujeción de los jueces a los criterios gubernamentales ni más atentatorio a la esencia misma de la función judicial.