LA FUNDACIÓN Jiménez Díaz, también familiarmente conocida como «La Concha», es un centro sanitario muy acreditado por la calidad de sus especialistas médicos que, por cierto, no se corresponde en absoluto con su anárquica infraestructura, que es en algunos aspectos tercermundista. Los procedimientos de presión de los sindicatos para lograr sus fines tienen una base legítima en nuestra Constitución, pero también tienen un límite que, por cierto, casi nunca respetan : allí donde se altera y pone en riesgo la normalidad de las gentes. Está claro que en un lugar tan sensible como es un hospital, quienes alteran la frágil normalidad de los enfermos con actos vandálicos que pueden afectar a su recuperación, ensuciando deliberadamente su entorno, además de cometer un delito, pierden, por abuso inadmisible, todos sus derechos y también sus razones personales que, con otro comportamiento mas civilizado tendrían la comprensión de la sociedad. Ningún sindicato serio, en un país democrático y tolerante, debería consentir que una minoría de gamberros, amparados en la impunidad del chantaje y en la cobarde -también hay que denunciarlo- dejación de responsabilidades de ambas partes, impusieran sus bárbaros argumentos de hacer daño a toda una sociedad, resignada a su pesar a sufrir las consecuencias de una desidia constitucional. Huelgas gamberras como la de la Fundación Jiménez Díaz o la increíble violencia en los Astilleros de Cádiz, son un lastre vergonzoso en una sociedad que se llama civilizada y por eso merecen ser condenadas sin eufemismos. Parece que los españoles, sobre todo los políticos, tenemos todavía un cierto miedo a plantar cara al chantaje de unos cuantos que, a estas alturas, aún intentan cobrarse la presunta deuda de una dictadura, como si ellos fueran las únicas víctimas de la opresión. Un cuarto de siglo de vida en democracia es tiempo suficiente para desterrar a esos fantasmas del pasado y que cada cual se gane el puesto que merezca por su méritos y no por sus supuestas cuentas pendientes. España ya no es una dictadura, por mucho que se empeñen algunos en asimilarla al Gobierno democrático. La sociedad española tiene derecho a exigir lealtad y respeto a todas las creencias y actitudes políticas y sociales siempre que exista una reciprocidad. Esta es la regla fundamental de cualquier democracia, en la que nadie puede alterar la normalidad, con el pretexto de reivindicaciones, por procedimientos de fuerza. El gamberrismo no tiene cabida, ni mucho menos legitimidad alguna entre nosotros y aunque en estos tiempos electorales, con políticos en celo -como los gatos- las huelgas gamberras , los follones de los peliculeros y demás jaleos pueden ser argumentos oportunistas para algunos en la contienda política, en absoluto están justificados y la gente con buen criterio los rechaza. Don Manuel Azaña, con el sarcasmo que le caracterizaba decía: «El ideal de cada español es llevar en el bolsillo una cédula que diga: este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana», La frase es un apunte ingenioso que define un rasgo muy característico de nuestra idiosincrasia personal. Pero no como colectividad, en una democracia con cierta experiencia en avatares que es como se consolida día a día.