SI EL BUEN funcionamiento de la democracia se asienta en un equilibrio de poderes, las instituciones y los procedimientos encargados de llevar a cabo tan importante tarea deben inspirarse y caracterizarse por el rigor, la valentía y la responsabilidad. Naturalmente, realizar funciones de crítica, fiscalización y control siempre es molesto para los gobiernos y administraciones respectivas, sobre todo en tiempos de amplificaciones mediáticas no siempre ajustadas y ponderadas, pero la tarea resulta imprescindible para el buen funcionamiento de las instituciones y del orden social. En este sentido, existe en las democracias consolidadas exigencias crecientes de transparencia y rendición de cuentas para que el equilibrio funcione. Y por eso interesa reforzar la información y el control de las cámaras legislativas y de las asambleas de electos en el mundo local. Y por eso se deben crear comisiones específicas cuando se estime oportuno. Y por eso interesa la crítica responsable y la presión en favor de comportamientos eficientes. Y por eso existen instituciones de control interno y externo que vigilan los aspectos normativos, financieros y de gestión en todas las administraciones públicas. Lamentablemente, estos requisitos de transparencia y de rendición de cuentas son deficientes en el sector público local gallego. Porque a la oposición política se le niega o dificulta la información necesaria y porque todavía abundan los municipios, mancomunidades y consorcios que no rinden sus cuentas en el plazo legal establecido. Porque la debilidad de la función interventora es a veces excesiva, porque la contabilidad municipal no ofrece siempre una imagen fiel y probablemente también porque las sanciones que podrían derivarse del control externo no alcanzan aún el grado de efectividad deseado. En todo caso, la sensibilidad y rechazo social que generan las prácticas engañosas de las empresas privadas, ocultadoras de sus resultados y gestión real, no se produce todavía en el sector público. En el ámbito privado, existen sanciones y se impulsan códigos de buen gobierno. En el ámbito público parece que se relajan las exigencias pese al carácter ajeno de los recursos gestionados. Interesa recordar, pues, que la función crítica de la oposición política, así como las fiscalizaciones realizadas por los órganos de control externo, son también un mandato de los ciudadanos. Estos saben bien que un poder sin control tiende siempre al exceso, al abuso y a la corruptela. Y que en esa tarea son también decisivos los medios de comunicación públicos y privados. Y que si estos no se asientan en el pluralismo, la libertad y el rigor informativo en los mismos, cualquier esfuerzo realizado resulta inútil, estéril, decepcionante.