HACE UNOS años, estuve recorriendo Norteamérica para realizar una suerte de reportaje-inventario de lo que allí llaman los Hispanics . O sea, esas comunidades de lengua española cuyas principales son tres: la puertorriqueña, la chicana y la cubana. Residí en lugares bastante inverosímiles, como el South Bronx en la periferia de Nueva York, el barrio Mision en San Francisco, East-Los en Los Angeles, y la Sahuesera (South-West) en Miami. Fueron formidables experiencias periodísticas, sociológicas y humanas. Pienso ahora en aquellas gentes porque me imagino que deben estar comentando con pasión el reciente anuncio de la reforma de las leyes sobre la inmigración. Como se sabe, el presidente de Estados Unidos, anunció el miércoles pasado que su Gobierno se dispone a adoptar una nueva política «más racional y más humana» que permitirá dar un estatuto legal pero temporal a los diez millones de trabajadores sin papeles que se hallan en territorio estadounidense, la mayoría de los cuales son latinoamericanos, y, de ellos, unos seis millones de mexicanos. «Por sentido común y por justicia -declaró el presidente Bush-, nuestras leyes deberían permitir la entrada de trabajadores que ocupen los empleos que los estadounidenses no ocupan». Se trata de una posición ultraliberal clásica, muy apoyada en todas partes por los patronos deseosos de reducir el costo del trabajo y de impedir la mejora de la legislación social. Y que, con toda lógica, ha sido denunciada y calificada de «esparadrapo» por una de las principales asociaciones de defensa de los inmigrantes latinoamericanos, la League of United Latin American Citizens (www.lulac.org). Pero en el seno de muchas comunidades hispánicas esta declaración ha sido bastante bien acogida. Por razones evidentes. El trabajador sin papeles podrá por fin salir de la clandestinidad y de la dependencia. Ya que esa situación favorecía su explotación por negreros de nuevo tipo -en la agricultura, la construcción, la hostelería, los hospitales- que amenazaban con denunciarlo y hacerlo expulsar (las autoridades estadounidenses deportan un millón y medio de personas indocumentadas al año) si no aceptaba el salario de miseria que le proponían. Ahora podrá salir a la luz del día, podrá hacer venir a su cónyuge si le ha conseguido un empleo, tendrá derecho al salario mínimo, a las protecciones sociales, al seguro médico, a la tarjeta de residente provisional y a tener acceso a la ansiada green card , la tarjeta verde que da permiso permanente a trabajar. En la mayoría de los casos, estas personas tienen familiares instalados en Estados Unidos que a menudo han obtenido ya la nacionalidad norteamericana. Y que votan. La administración Bush aspira de esa manera, en este transcendente año electoral, a desviar una mayor parte del voto hispánico -que en general va a los demócratas- hacia el bando republicano y el candidato Bush. En el 2000, dos tercios de los electores latinos votaron a Al Gore. Y en algunos estados, su voto es decisivo, por ejemplo: en California (34%), Texas (34%) o Florida (18%). Los hispánicos constituyen hoy la principal minoría de ese país. Son ahora más numerosos que los afroamericanos. Y crecen cuatro veces más rápido que el resto de la población. Porque cada año, unos 350.000 de ellos entran legalmente y cada semana, veinte mil más cruzan la frontera sin documentos. Son, pues, por año, un millón y medio de personas que van a engrosar las filas de los más de 42 millones de hispánicos ya presentes en una población total de 280 millones de habitantes. Y que hacen de Estados Unidos, por el número de sus hispanohablantes, la segunda nación hispánica del mundo. Después de México. Antes de Colombia y de España.