ESPAÑA, o más concretamente el Título VIII (organización territorial del Estado) de la Constitución va a ser -es de hecho ya- el debate para las elecciones del 14 de marzo. El plan Ibarretxe y el pacto de gobierno catalán le han dado alimento electoral al Partido Popular en el terreno que éste entiende más le conviene. Con lo que el modelo territorial será a esta campaña electoral lo que la corrupción fue a la de 1996 o, por irnos más lejos, lo que la seguridad ciudadana fue a la de las legislativas francesas del 2002, cuando la derecha gala arrebató la mayoría parlamentaria a los socialistas, que venían de unas presidenciales en las que su líder y ex primer ministro Lionel Jospin se había dejado algo más que las plumas en la gatera del ultraderechista Le Pen. No es causalidad que en el equipo de notables que apoya a José Luis Rodríguez Zapatero figure un constitucionalista impecable, padre de nuestra Carta Magna, ex presidente del Congreso y fino jurista, como Peces-Barba, y dos presidentes de comunidades autónomas, Bono y Rodríguez Ibarra, a ninguno de los cuales se le pueden atribuir veleidades autonomistas más allá del estricto marco legal que castellano-manchegos y extremeños, respectivamente, se dieron en su día con sus Estatutos. Pero mientras el líder socialista se desgañita con ofertas en todas las materias -y no entro a analizar si posibles y menos aún si plausibles-, el Partido Popular, con la notoria voz del ministro Javier Arenas, ha acuñado una frase que tiene pinta de hacer fortuna electoral: «El todo a 17 de los socialistas», referido, naturalmente, a las 17 autonomías del Estado español. Dicho de otra manera, Arenas trata de reconducir o quizás de conducir el debate hacia España, hacia su organización territorial, donde el PP tiene munición de grueso calibre después del pacto de los socialistas en Cataluña con Esquerra Republicana. Supongo que el Partido Popular tiene datos sociológicos que le dicen que en ese río revuelto es donde más votos puede pescar el 14 de marzo; pero queda por saber si los socialistas han aprendido las lecciones recibidas desde 1996 hasta aquí, no sólo en España sino en otros países de nuestro entorno, en los que no tuvieron respuesta al debate que sus adversarios le proponían, llámese corrupción o seguridad ciudadana.