LE SUDAN las manos y, aunque nadie lo note, también le tiemblan las piernas. Sentado en la sala de espera observa de reojo a los otros ocupantes: sus rivales. Son todos tan distintos que se pregunta si realmente tiene alguna oportunidad de competir con ellos en condiciones de igualdad. A punto está de salir corriendo pero, no lo hace. Es la vigésima entrevista de trabajo a la que acude y está desesperado. Está dispuesto a aceptar un salario de 400 euros por diez horas de trabajo diario cargando y descargando camiones, cualquier cosa antes que seguir en el paro. Miguel es consciente de que sus padres tenían razón. Debería de haberse esforzado más en estudiar. Podría, al menos, haber hecho algo de Formación Profesional, pero... ahora ya es tarde. A sus veintidós años, su experiencia laboral se limita a varios contratos temporales para hacer los trabajos más duros, y está dispuesto a seguir aceptando lo que sea hasta obtener un contrato fijo. Sabe que es un sueño, porque los empresarios quieren ahorrarse hasta el último euro posible, por lo que evitan la carga de las cuotas de la Seguridad Social como sea. Aunque su situación es precaria no es peor que la de algunos compañeros del colegio que siguieron estudiando hasta obtener una licenciatura. Ahora se dedican a hacer fotocopias y recados en un banco, atienden el mostrador de una tienda o limpian las calles por las noches, bien con contratos temporales bien a través de subcontratas. En realidad, Miguel no duda que, dadas las circunstancias, las oportunidades laborales son igual de malas, para gente con preparación que sin ella. Hay miles de jóvenes en la misma situación de Miguel y sus amigos, pero las estadísticas sólo hablan de ellos como altas y bajas en la Seguridad Social, sin especificar que se trata de personas contratadas por obra, sin garantías de continuidad, y generalmente con una contraprestación salarial mínima. Su trabajo en precario sólo beneficia momentáneamente a ciertos empresarios sin escrúpulos perjudicando, a la larga, al conjunto de la sociedad. Es obligación del Estado perseguir las violaciones de la legislación laboral y tarea de todos y cada uno de nosotros denunciar los abusos que se cometan.