LA CRISIS desencadenada por la intervención militar en Irak y los compromisos adquiridos por nuestro Gobierno con la Administración de Bush ha generado la coyuntura más grave para España y para nuestra política exterior desde que recuperamos la democracia. Estamos atrapados en una inmensa trampa, cualquier decisión que se adopte sobre la situación de nuestros militares en aquel país encierra riesgos indiscutibles y, además, el Ejecutivo de Aznar carece de margen de maniobra porque dependemos de las prioridades y de los cálculos políticos que decidan los responsables de Washington. Es verdad que la simple retirada de todos los contingentes militares podría significar el inicio de una guerra civil entre los iraquíes de consecuencias no previsibles para toda la región -Siria, Irán e incluso Turquía-, pero no es menos cierto que la permanencia de la Brigada Plus Ultra en Irak puede tener un coste difícilmente soportable. La sociedad española -atónita y llena de dolor-, ha recibido los féretros de los siete miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), víctimas de una celada mortal tendida cerca de Bagdad. Al final, la disputa suscitada sobre si asistimos a las consecuencias de un acto terrorista o al resultado de la actuación de la resistencia iraquí, es irrelevante y no puede amortiguar, evitar o disimular las consecuencias de lo ocurrido. El debate del martes en el Congreso de los Diputados certificó la negativa del Gobierno a la apertura de un diálogo con la oposición para buscar entre todos una salida razonable del atolladero en el que nos encontramos. Con toda seguridad la mayoría de los españoles esperaban recibir una señal para atisbar el futuro con algo de confianza. Aznar ha desperdiciado una ocasión para responder a las propuestas de diálogo de una oposición que ha probado su sentido de la responsabilidad. Los que seguimos anhelando el clima político de la transición para abordar coyunturas como la que vivimos en este momento, estamos equivocados. Aquello desapareció y nunca más volverá para desgracia de este país. Nos dicen que el regreso de nuestros militares será posible «cuando la situación mejore» y cuando se cumplan las previsiones del calendario propuesto por Bush y reiterado por Aznar: nuevo gobierno provisional, elaboración de una Constitución democrática y celebración de elecciones generales. Pero surgen preguntas ineludibles. ¿Qué seguridad tenemos de que se cumpla el calendario?, ¿de verdad podemos creer que la situación puede mejorar?, ¿y si no es así?, ¿disponemos de una opción alternativa?, ¿no resulta obvio que George W. Bush puede decidir un cambio de estrategia en función de sus necesidades electorales?, ¿hasta dónde llegará el compromiso de España?