CUANDO SE VOTÓ la actual Constitución era casi general el deseo de que durara, pero nadie se malició que en pocos años se intentaría convertirla en sagrada. Curiosamente, por quienes no la apadrinaron. Esta pretensión sacralizadora sería inofensiva si no se acompañara de una confiscación partidaria del texto y valores constitucionales, doblada con una violenta descalificación de toda propuesta que desafíe la intangibilidad del primero: el promotor será tildado de antipatriota, disgregador o, al menos, de loco aventurero. Lo mismito que en Alemania, donde acaban de nombrar de consuno una ponencia para que estudie cómo mejorar las bases de su federación, que las nuevas realidades hicieron viejas. La cerrazón popular ha llegado a tal punto, que no le ha quedado más remedio a don Manuel Fraga que reconvenir amablemente a sus pupilos: es mejor prevenir lo que no se quiere lamentar, por lo que cumple acordar los ánimos y los papeles de la reforma para cuando escampe y cesen los truenos. Por su autoridad de fundador, no osaron desautorizarlo a lo burro y se limitaron a rebajar el aviso a meras «reflexiones», especie de disquisiciones teóricas de libro. Por cierto, muy atinadas y oportunas. No hace falta estar en el ajo de la alta política para observar que la Carta Magna necesita retoques en varios puntos. El primero y más urgente, el de la conversión del Senado en cámara de representación territorial: sin una olla institucional donde se cuezan juntos todos los ingredientes y sabores autonómicos, será difícil que el guiso no se queme. Las reglas de juego anticuadas degradan el espectáculo y los espectadores pierden parte de su entrada. Negarse a revisarlas equivale a dar menos importancia a la calidad del servicio que al reglamento incapaz de garantizarla. Un dislate.