LOS PRESIDENTES del Tribunal Constitucional y del Supremo acaban de coincidir en la sesuda y transcendente afirmación de que las reformas de la Constitución deben de hacerse con seriedad, meditando los pasos, y sin dejarse llevar por la casuística de los acontecimientos. Y por eso es un buen momento para recordarles - per modum unius- que lo más prudente es que los árbitros del partido no proclamen sus preferencias antes del saque, y que hubiesen quedado muy bien diciendo que la reforma de la Carta Magna compete de lleno al campo de lo político, donde todos somos igual de listos e igual de tontos, y donde las razones del escalafón carecen de importancia. Puestos a hacer memoria, también podríamos recordarles que son ellos, y no nosotros, los que están bendiciendo un modelo legislador impulsado por la casuística y producido a uña de caballo, que la contribución del Poder Judicial a la Transición brilla mucho más por su ausencia que por su presencia, y que, puestos a ser serios, el pueblo español ha demostrado que sabe manejar los tiempos y las formas de la política con mucha más precisión y acierto del que suelen axhibir los cabezas visibles de sus instituciones. Donde faltó seriedad y sosiego fue en el momento de introducir en la vigente Constitución la discriminación que sufren las mujeres en la sucesión de la Corona, que, lejos de traer causa de una loable adaptación a los usos de una sociedad que ya entonces era moderna, no tiene más explicación que la de plegarse al rancio inmobilismo de los monárquicos de pata negra y a la indecente presión que las elites del franquismo ejercieron sobre los constituyentes. Por los mismos motivos se explican la grave incorrección que se deslizó en el Art. 8, 1 sobre el papel de las Fuerzas Armadas, la excepción de pena de muerte que, recogida en el Art. 15, se suprió después en el Código de Justicia Militar, y otra serie de cuestiones secundarias que nos dejan la memoria de un tiempo difícil en el que lo más serio que había en España era la pura política y la ciudadanía de a pie. Por eso hay que recordarle a los sabios de oficio que, no siendo defendible la discriminación por sexo que se recoge en el Art. 57 de la Constitución, lo único imprudente sería no resolver el problema antes de que don Felipe y doña Leticia tengan una niña que pierda sus derechos a favor de sus hermanos varones. Lo serio es hacerlo ahora, cuando todo está claro y no hay inconvenientes. Lo absurdo es esperar a que la línea de sucesión se complique y haga jurídicamente difícil y políticamente imposible lo que ya es necesario. Porque el corte de ahora lo pone don Felipe. Más adelante no habrá corte sin conflicto.