Hace unos días a un ciudadano que, para cumplir su condena, quería ingresar en la cárcel -no importa cual- no se lo permitieron por carecer de Documento Nacional de Identidad en regla. Dijo no tener dinero para renovarlo, y lo mandaron marchar. La noticia es sorprendente. Y es que no se entienden muy bien los recelos de los funcionarios, ya que no es fácil imaginar que se acerque por capricho a la prisión alguien que no tenga pena que cumplir, o suplantando al verdadero inculpado, o ávido de disponer gratis de tan sombría parada y fonda. La razón debe de ser otra u otras. Ni siquiera en nuestra fértil literatura del siglo XIX sobre nuestras covachuelas y covachuelistas, meritorios, pretendientes de empleo, cesantías y prácticas pícaras o absurdas del «vuelva usted mañana», se puede encontrar algo semejante. Presumimos de firma electrónica, identificación telemática y simplificación de procedimientos..., pero aquí sin papeles ya se ve que no somos nadie.