EN EL MARCO de las negociaciones parlamentarias de la Ley de Modernización del Gobierno Local, en trámite en el Congreso, los dos grandes partidos, PP y PSOE, han pactado que los concejales que abandonen el grupo por el que fueron elegidos no podrán integrarse en el mixto, lo que les privará de las prerrogativas y subvenciones que corresponden a todo grupo municipal. La medida se adopta como vía para luchar contra el transfuguismo y sin duda ha influido en ella el espectáculo de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, parece una medida discutible y de dudosa constitucionalidad si se establece con carácter general. El Tribunal Supremo ha insistido en el valor del grupo mixto para preservar el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución. ¿Qué ocurre si el concejal no abandona el grupo, sino que es expulsado de él o del partido? Hay que luchar contra los tránsfugas, pero no posibilitar o colar de rondón la tiranía de los partidos.