EL MIÉRCOLES nos había dejado un amargo sabor: Aznar y Zapatero estaban más distantes que nunca. El líder socialista acusó al Presidente de comportamientos antidemocráticos. El Presidente respondió con otra acusación habitual: tenemos una oposición irresponsable. Eran dos verdades parciales cuya expresión se justificaba por la pasión de un debate. Escenificaban la confrontación que existe entre los dos grandes partidos. Eran, por así decirlo, el punto culminante de las peleas de la legislatura que agoniza y el pórtico del clima electoral que se avecina. Por eso es llamativo que, estando así el ambiente, ambos partidos hayan llegado ayer a un acuerdo sobre la Ley de Extranjería, una norma que es reformada casi tantas veces como el Código Penal, y en cada reforma sigue quedando insuficiente. Este acuerdo rebosa, como parece natural, buenísimas intenciones. Casi santas. Dará a luz un texto legislativo que aspira a abrir cauces a la inmigración legal, para «frenar -dice Jesús Caldera- la marea de inmigración ilegal que asola España». Ante palabras tan solemnes, hay que bajar el listón y decir: cuidado, señores políticos, con los entusiasmos. La inmigración, cuando procede de lugares tan diferentes del mundo, es una avalancha que no se encauza sólo con un sistema de visados. Ese sistema ayuda, cubre un vacío, pero sólo un ingenuo puede pensar que, por existir, disminuirán las pateras ni las mafias. El hambre de los países de origen y la visión de un paraíso en la España de la prosperidad crea una corriente humana imparable. Por ello, lo importante es el pacto en sí. La sociedad respira tranquila cuando ve que gobernantes y aspirantes a serlo se entienden. El enfrentamiento da titulares periodísticos, pero no crea sosiego. Y, como algún día el PSOE será partido de gobierno, tranquiliza saber que hay políticas que continuará porque ha sido coautor. ¿Se ha parado el señor Zapatero a pensar qué incertidumbre fabrica cuando anuncia que devolverá a España las tropas que tenemos en Irak, sólo por llevar la contraria a la política de Aznar? ¿Se han detenido él y Aznar a analizar qué pasa por la columna vertebral de España cuando hoy por hoy es imposible una coalición de constitucionalistas en el País Vasco del Plan Ibarretxe? Son graves cuestiones que están planteadas con características de crisis de Estado. El pacto sobre la Ley de Extranjería, aunque limitado a ese ámbito, debiera suponer el primer paso de un cambio cualitativo en las relaciones entre poder y oposición. Porque, además, les interesa a ambos. Supongo que ayer las encuestas habrán medido un punto más en la confianza de futuro.