LOS FUNCIONARIOS de la Administración central española involucrados en la catástrofe del Prestige que en su día se negaron a comparecer ante la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Galicia han accedido, en cambio, a declarar ante una comisión delegada del Parlamento francés. El PSdeG-PSOE y el BNG han criticado duramente este nuevo desprecio a Galicia, aduciendo que si alguien merece una explicación de todo lo sucedido, ese es el pueblo gallego. Evidentemente, yo comparto dicha crítica. Y máxime cuando, a mi juicio, la negativa de dichos funcionarios a comparecer presenta clarísimos indicios del delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal, según expuse en artículos anteriores. Sin embargo, lo que me sorprende es que los diputados de los citados partidos políticos, legítimos representantes del pueblo gallego en la Comisión de Investigación, no hayan denunciado dicha incomparecencia ante la jurisdicción penal. Es cierto que ambos partidos interpusieron ya en junio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución de disolver la Comisión de Investigación, impuesta por la mayoría parlamentaria del PPdG. Pero esa actuación jurídica nada tiene que ver con la denuncia de unos hechos que ofrecen indicios de delito, puesto que una cosa es la negativa a comparecer y otra diferente es la legalidad del acuerdo de disolución de la Comisión de Investigación. Es más, no creo que pueda descartarse que el Constitucional eluda pronunciarse sobre lo primero (remitiéndose a la jurisdicción ordinaria) y dé la razón al PPdG en lo que respecta al cierre de la Comisión de Investigación, dado que este cierre fue precedido de un abandono de las actividades por parte de los diputados del PSdG-PSOE y del BNG, que, si bien podría ser explicable desde el punto de vista de la protesta política ante una decisión que suponía una grave afrenta al pueblo gallego, fue, en mi opinión, jurídicamente equivocado. Lo jurídicamente correcto habría sido no abandonar la Comisión de Investigación, sino seguir en ella y denunciar ante los órganos de persecución penal las incomparecencias de las personas que se hallaban al servicio de la Administración central, sobre todo a raíz del informe de los letrados del Parlamento gallego, en el que se había dictaminado que dichas personas estaban obligadas a comparecer. Es cierto también que, con independencia de lo anterior, los diputados del PSdG-PSOE habían remitido en su momento un escrito al presidente del Parlamento para que éste pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ahora bien, ante la (previsible, por lo demás) negativa del presidente a tramitarla, no hicieron aquello a lo que estaban obligados por la ley, esto es, presentar ellos mismos una denuncia, si es que veían indicios de delito. Pero es que, además, la inexplicable pasividad del PSdG-PSOE en el caso de la Comisión de Investigación sobre el Prestige contrasta con la extraordinaria diligencia con que la dirección nacional del partido ha presentado una denuncia penal contra los tránsfugas de la Asamblea de Madrid. Y lo sorprendente es que en el caso de Madrid la denuncia se basaba en meras conjeturas y suposiciones, que, por muy razonables que pudiesen parecer, no estaban avaladas por pruebas. Por el contrario, en el caso de Galicia, todos los hechos denunciados estaban perfectamente documentados y eran de conocimiento público, por lo que la existencia, o no del delito del artículo 502 del Código Penal únicamente depende de la interpretación de esta norma jurídica. Quienes nos dedicamos al estudio teórico del Derecho penal y estamos elaborando una publicación (al hilo del caso Prestige ) sobre el delito del artículo 502 del Código Penal desearíamos conocer (aunque sólo sea por curiosidad) la opinión profesional de la Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia, la de los jueces penales competentes y, en su caso, la del propio Tribunal Constituciona sobre los requisitos que integran dicha figura delictiva. De momento, ya conozco la opinión particular de muchos catedráticos, fiscales, jueces e incluso de algunos letrados y magistrados del Tribunal Constitucional. Seguro que la adivinan.