EL ENÉSIMO encontronazo de los socialistas madrileños, a propósito del escándalo de la Asamblea de la Comunidad, ha tenido como detonante la elección de consejeros de Cajamadrid. A Cristina Alberdi, hipercrítica con los suyos, le parece impresentable que sus colegas hayan votado para uno de esos puestos a Romero de Tejada, el secretario general del PP madrileño, al que antes consideraron indigno. Un hecho que, según la ex ministra, contribuye a «aumentar el descrédito de la política». Poco importa que, según el Grupo Parlamentario Socialista, resultara inevitable la votación, porque se trataba de manifestarse sobre el conjunto y no aisladamente. En cualquier caso, en la línea que plantea Alberdi, pudieron intentar cuando menos obstruir el proceso hasta que Romero de Tejada desapareciera de las listas. El problema no está en que tenga razón la veterana feminista o sus colegas en la Asamblea de Madrid. El aspecto formal importa poco, lo que verdaderamente interesa es el asunto de fondo. Una vez más, la ciudadanía se lleva la impresión de que los fieros políticos, que se ponen como chupa de dómine a la menor oportunidad, que dicen defender planteamientos éticos, en cuanto abordan temas que afectan a sus intereses corporativos, no tardan en ponerse de acuerdo con cualquiera. Sea para elegir representantes en el consejo de una caja, para determinar los sueldos que van a percibir los propios políticos o para resolver un espinoso asunto urbanístico, que tantas y tantas veces pone de acuerdo inesperadamente a partidos dispares y, en consecuencia, de muy diferenciada política urbanística. Ya decía Evtuchenko en un hermoso poema, aludiendo a los privilegiados de la sociedad, que ellos siempre terminan poniéndose de acuerdo. El peaje que pagan los políticos por estas actitudes es un descrédito que crece exponencialmente, un distanciamiento de los votantes que se agiganta cada día. Aunque ellos sigan disfrutando de mil privilegios, que en muchos casos han consensuado previamente.